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Instan a reforzar mecanismos para identificar riesgos

 
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Pese a que desde hace más de una década los funcionarios públicos federales están obligados a presentar sus declaraciones patrimoniales, las capacidades para detectar el enriquecimiento ilícito por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) son aún endebles, además de que las investigaciones sobre la evolución patrimonial son discrecionales, señalaron expertos.

Las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos federales y su análisis son responsabilidad de la SFP, dependencia que también está encargada de sancionar a los funcionarios por cualquier irregularidad que encuentren en las declaraciones.

No obstante, la dependencia, hasta diciembre pasado, aún no contaba con un programa para evaluar la evolución patrimonial de un funcionario público, afirmó la investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y de la Red por la Rendición de Cuentas, Ana Elena Fierro.

De acuerdo con el oficio DGT/121/DT/3047/ girado por la SFP en octubre pasado en una solicitud de información a un ciudadano, entre el 2013 y hasta el mismo octubre, la dependencia abrió y concluyó sólo 15 expedientes de responsabilidades administrativas derivado de la verificación de la evolución patrimonial de los funcionarios federales a través de la Dirección General Adjunta de Responsabilidades.

En este sentido, Elena Fierro sostuvo que lo ideal sería que se realizaran evaluaciones patrimoniales de los funcionarios federales al azar.

“Que se generara un programa como éstos, que es aleatorio pero tiene una fórmula que en teoría resulta de los mapas de riesgos que se identifican, la única evaluación patrimonial que se hace es si alguien denuncia a un servidor público y se inicia la investigación”, dijo.

Por su parte, el integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), José Octavio López Presa, órgano que creó el nuevo formato para las declaraciones patrimoniales en colaboración con la SFP, aseveró que las investigaciones de evolución patrimonial en la actualidad son discrecionales.

“Se aplican de manera discrecional, de acuerdo a la voluntad del gobierno en turno o el secretario de la Función Pública en turno, y no nada más a nivel federal sino (también) a nivel local, entonces debe de generarse un criterio nacional para que se siga y entonces se haga una evolución patrimonial ya no discrecional o ya no casuística”, afirmó.

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