El Instituto Nacional de Migración, al servicio de Trump
| Autor | J. Jesús Esquivel |
WASHINGTON.- Cuatro familias migrantes centroamericanas denunciaron ante la CIDH la "premeditada y corrupta" colaboración del gobierno de Enrique Peña
Nieto con el de Donald Trump para impedir su llegada a territorio de Estados Unidos a fin de que no puedan presentar sus legítimas peticiones de asilo.
La denuncia -de la que Proceso tiene copia- dice: "Los peticionarios solicitan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que adopte urgentemente medidas cautelares para proteger a los peticionarios de una práctica peligrosa e ilegal actualmente implementada conjuntamente por los dos Estados (México y Estado Unidos)".
La denuncia ante la CIDH exhibe la forma subrepticia en la que el gobierno de Peña Nieto ha actuado como filtro migratorio de Estados Unidos.
"Los Estados están actuando conjuntamente para privar a los peticionarios de su derecho a salir de México y solicitar asilo en los Estados Unidos", enfatiza el folio jurídico de 72 páginas con argumentos, recuento de hechos, fotografías y declaraciones juradas y notariadas.
Los denunciantes, seis adultos y ocho menores -cuyas identidades no se dan a conocer para respetar su derecho a la confidencialidad y por su temor a sufrir represalias-, exponen detalladamente casos de corrupción de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) de México y su sometimiento a las órdenes del gobierno de Trump.
Una de las abogadas estadunidenses que representa a los denunciantes afirma en entrevista telefónica que los migrantes centroamericanos están siendo extorsionados por los agentes del INM, quienes los amenazan con dejarlos a merced del crimen organizado si no les pagan 500 dólares por persona.
"Los agentes del INM están enojados porque sus superiores los obligan a obedecer las órdenes de los agentes migratorios de Estados Unidos, pero también se aprovechan de la situación al cobrar a los centroamericanos una cuota en dólares para llevarlos a un albergue y ponerlos a salvo de los criminales", expone la abogada, quien pide el anonimato pues forma parte de uno de los dos bufetes identificados en la denuncia entregada a la CIDH.
El expediente indica que por la colaboración de los dos países, y en detrimento de los migrantes centroamericanos, al órgano jurídico de la OEA se le demanda exigir a los denunciados no devolver a sus países a las personas en riesgo de persecución; se trata del refoulement (principio de no devolución). "Los Estados también están sometiendo a los peticionarios a trato cruel, inhumano y degradante, en un esfuerzo para disuadirlos de solicitar asilo en...
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