Intento ciudadano por impedir la imposición del procurador
| Autor | Patricia Dávila |
Si Raúl Cervantes Andrade es designado el primer titular de la Fiscalía General de la Nación (FGN), será el hombre con mayor poder del sistema político. Su nombramiento garantizaría la total impunidad para el presidente Enrique Peña Nieto y sus colaboradores los siguientes nueve años.
Con la divisa de impedir que la justicia se politice o partidice, más de 200 organizaciones sociales que integran #Vamos-PorUnaFiscalíaQueSirva, insisten en que Cervantes, actual titular de la Procuraduría General de la República (PGR), no reúne los criterios de autonomía y "los méritos de idoneidad" para ser fiscal.
Y, ante el inminente "pase automático" para que Cervantes se convierta en fiscal, el 29 de agosto dieron a conocer su última propuesta de dictamen ciudadano sobre el diseño de la futura fiscalía, que contiene los requisitos de elegibilidad de su primer titular.
Cervantes, como titular de la PGR, no pudo evitar el escándalo generado por la detención del exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, en Estados Unidos en marzo pasado, acusado, entre otros, de los delitos contra la salud y lavado de dinero; tampoco inició una investigación al gobernador de esa entidad, Roberto Sandoval, señalado como presunto socio de Veytia.
En abril, un mes después de la detención del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, en Florencia, Cervantes tampoco pudo frenar el escándalo, pues el gobierno italiano declaró que el priista fue detenido a petición de Estados Unidos y no de México, bajo los cargos de tráfico de drogas y delitos relacionados con lavado de dinero.
Los ejemplos se multiplican: como en el caso del exmandatario de Veracruz, Javier Duarte, detenido en Guatemala y extraditado a México, donde hoy está preso. Con respecto a la esposa de Duarte, Karime Macías -quien hoy reside en Gran Bretaña-, la PGR de Cervantes tampoco la ha investigado a pesar de que tiene detectadas varias cuentas bancarias a su nombre, así como joyas, obras de arte e inmuebles.
Otro exgobernador, Egidio Torre Can-tú -acusado de proporcionar a Yarrington escoltas pagados por el erario de Tamaulipas- está libre, pese a que también se le acusó de proteger a su predecesor Eugenio Hernández Flores, prófugo.
Lo mismo sucede con los exmandatarios de Chihuahua, César Duarte, y Coahuila, Humberto Moreira; así como con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien presuntamente recibió sobornos por 10 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht. La PGR tampoco ha actuado en esos casos.
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