Intercambio de reproches entre congresistas estadunidenses y el gobierno mexicano
| Autor | Jorge Carrasco Araizaga |
En un intercambio epistolar entre el Congreso y el Departamento de aquella nación y la embajada mexicana en Washington, la administración de Peña Nieto repitió el argumento de su antecesor, Felipe Calderón: que la violación a los derechos humanos en el país se explica también por las armas estadunidenses que fortalecen a los grupos de delincuencia organizada mexicanos.
El embajador en Estados Unidos, Carlos M. Sada, reeditó el argumento de Calderón para responder a una carta que casi un centenar de integrantes de la Cámara de Representantes le envió al secretario de Estado, John Kerry, sobre la "grave crisis" de derechos humanos en el país, en las que están implicadas las Fuerzas Armadas y la Policía Federal, entre otros agentes del Estado mexicano.
Si Estados Unidos controlara su mercado de armas, en especial en la frontera con México, la violencia y las violaciones a los derechos humanos se reducirían de forma significativa, escribió el embajador en respuesta a un nutrido grupo de legisladores estadunidenses que en varias ocasiones se ha dirigido a Kerry por la situación de los derechos humanos en México.
Lo hicieron en junio de 2015 y lo reiteraron el pasado 9 de agosto. En ambos casos, expresaron su preocupación por la falta de esclarecimiento del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrido en septiembre de 2014 y al que toman como muestra de "los más de 27 mil casos registrados de personas desaparecidas en México desde 2007", cuando Calderón declaró la "guerra al narcotráfico".
En su carta de agosto pasado, los representantes estadunidenses subrayaron los escasos avances de México en el respeto a los derechos humanos, pues "no basta con tener buenas leyes", sino hacer justicia y efectivo ese respeto.
Se refirieron también a la ejecución de civiles en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014, perpetrada por miembros del Ejército, y la muerte de manifestantes en Nochix-tlán, Oaxaca, ocasionada por elementos de la Policía Federal apenas en junio último, durante el desalojo de una carretera federal que estaba tomada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Asimismo, insistieron en lo que habían planteado en su primera misiva, del 30 de junio del año pasado, sobre los agravios cometidos por las Fuerzas Armadas: Ayotzinapa y Tlatlaya "ilustran un patrón extendido de graves violaciones a los derechos humanos en el país, incluidos casos de tortura, detenciones arbitrarias, secuestros y ejecuciones...
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