Una investigación que fisura a la familia real
| Autor | Alejandro Gutiérrez |
MADRID.- El pasado 8 de junio Juan Ignacio Campos, fiscal del Tribunal Supremo, acordó investigar al rey emérito Juan Carlos de Borbón por el caso de los 100 millones de dólares que recibió en 2008 del rey de Arabia Saudita, Abdalá bin Abdulaziz -fallecido en 2015-, dinero que luego ocultó mediante una opaca estructura financiera en el extranjero y que omitió declarar ante la hacienda pública española.
La supuesta "donación" sería el pago de una comisión por haber fungido como intermediario en la adjudicación del contrato de construcción del tren de alta velocidad entre Medina y La Meca, que atraviesa 450 kilómetros de desierto y que ganó un consorcio de empresas españolas: ACS, Copasa, OHL, Indra, Ineco, Aben-goa, Renfe y Adif, entre otras.
Esta investigación trata de "delimitar y descartar" la relevancia penal del cobro de estos fondos y si los presuntos delitos de índole fiscal y blanqueo de capitales se produjeron con posterioridad a que el rey emérito abdicara, en junio de 2014, "momento en el que dejó de estar protegido por la inviolabilidad" que la Constitución le otorgaba como jefe del Estado español, señala el comunicado del tribunal. Tras su abdicación pasó a ser aforado y sólo puede ser juzgado por la Sala II del Tribunal Supremo.
Pero ese no es el único problema judicial al que se enfrenta el anciano monarca, quien reinó España 40 años tras la muerte del dictador Francisco Franco. En el verano de 2018 el fiscal del cantón de Ginebra, Yves Bertossa, inició diligencias después de que dos medios digitales -El Español y OKDiario- difundieron unas grabaciones ilegales del expolicía José Manuel Villarejo en las que Corinna Larsen -quien fue compañera sentimental de Juan Carlos I- sugiere que él oculta un patrimonio ilícito en el extranjero y presuntamente cobra comisiones ilegales (Proceso 2181).
Bertossa ordenó registrar el despacho ginebrino del gestor financiero Arturo Fasa-na (investigado en España por ser gestor de cuentas de otra trama de corrupción: Gür-tel, que implicó al Partido Popular), donde se encontró documentación de dos fundaciones con cuentas en bancos suizos.
Una era la fundación de Liechtenstein Zagatka, de Álvaro de Orleans, primo y supuesto testaferro del rey emérito, que durante años pagó los vuelos privados de Juan Carlos I y Larsen; la otra es la fundación panameña Lucum (la estructura offshore donde se depositó la presunta comisión saudita), cuyo primer beneficiario era el rey emérito, y el segundo, el actual rey Felipe VI.
Se pudo documentar que el 8 de agosto de 2008 la fundación Lucum ingresó en una cuenta de la banca privada suiza Mi-rabaud los 100 millones de dólares donados al monarca por la casa real saudita. En el caso suizo aparecen como imputados Fasana, el abogado Dante Canónica y De Orleans, quienes aparecen como testaferros del rey emérito.
La ruptura de marzo
Una parte de las pruebas en manos del fiscal Campos, especialista en delitos económicos y financieros, se obtuvieron durante el registro ordenado por Bertossa, quien hizo llegar a España ese material probatorio mediante mecanismos de cooperación judicial.
Sin embargo el escándalo público se produjo el 14 de marzo pasado, cuando el diario inglés The Telegraph reveló que "el rey de España (Felipe VI) se ha visto envuelto en una disputa sobre las irregularidades financieras de su padre después de haber sido vinculado a un fondo...
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