Los investigan por corrupción... y se dicen perseguidos políticos
| Autor | Ángel Páez |
LIMA.- El miércoles 24, cuando la Corte Suprema de Justicia citó a audiencia para que la defensa de Keiko Fujimori sustentara el pedido de suspensión de la pena de cárcel de 36 meses que cumple la excandidata presidencial, en las principales avenidas de esta capital aparecieron pancartas que afirman que la hija del expresidente Alberto Fujimori es víctima de persecución política. Para los peruanos no es nuevo este reclamo. Así como Keiko Fujimori, otros acusados de recibir dinero de la constructora brasileña Odebrecht -como los exmandatarios Alejandro Toledo, Ollan-ta Humala y Pedro Pablo Kuczynski- sostienen igualmente ser víctimas de una supuesta represión judicial.
El mayor escándalo de corrupción en 198 años de historia republicana de Perú derivó en la detención de un exmandatario (Toledo), el arresto domiciliario de otro (Kuczynski), el impedimento de salida del país de un tercero (Humala) y el suicidio de uno más (Alan García); a ellos se suma Keiko Fujimori, excandidata presidencial ahora encarcelada.
Todos dicen -y en el caso de Alan García sus partidarios insisten en lo mismo- que son objeto de persecución política del gobierno de Martín Vizcarra, pero esa versión no se sostiene.
Caso antiguo
El caso Lava Jato, que implica a los exgobernantes, no empezó en Perú, sino en Estados Unidos, el 21 de diciembre de 2016. En esa fecha y ante el Departamento de Justicia estadunidense, Odebrecht reveló que dio sobornos en 11 países para ganar contratos de obras públicas; en el caso peruano, desembolsó 29 millones de dólares en pagos ilegales.
En ese momento no había nadie preso por el caso Lava Jato. De hecho, medio año antes, en junio de 2016, Kuczynski le había ganado las elecciones a Keiko Fujimori, cuyo partido, Fuerza Popular, conquistó la mayoría en el Congreso. Es decir, cuando estalló el escándalo de Odebrecht, la hija de Alberto Fujimori y su organización tenían poder.
Pero la situación cambió radicalmente cuando el Ministerio Público formó el Equipo Especial Lava Jato, un conjunto de fiscales especializados en corrupción de funcionarios y lavado de activos.
Una de sus primeras acciones fue solicitar a Brasil la cooperación judicial, que comenzó con el interrogatorio al ex-presidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, quien confesó el pago de sobornos y el financiamiento de campañas presidenciales. Pero dejó que los detalles los relatara el exrepresentante de la constructora en el Perú, Jorge Barata.
Los fiscales peruanos buscaban imitar a sus semejantes brasileños en la aplicación de las llamadas delaciones o confesiones de los imputados a cambio de reducción de pena, y las detenciones preventivas de los sospechosos para que no huyeran del país, entorpecieran la acción de la justicia o amenazaran a otros testigos.
Barata fue uno de los primeros en negociar su declaración con el Equipo Especial Lava Jato, y admitió entregas de dinero a las campañas de...
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