En Ixtepec, un proyecto eólico indígena traicionado

AutorJuan Mayorga

En 2007, casi un año después de inaugurarse el parque eólico La Venta II, el comisaria-do de bienes comunales de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, informó a los comuneros que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quería construir en sus tierras una subestación eléctrica para dar servicio a los parques eólicos de la zona. Al principio ellos vieron en el interés de la CFE y en la naciente industria eólica una oportunidad de desarrollo para su pueblo.

En un proceso de casi 13 meses, asistido por la comisión y expertos de la Universidad de Chapingo, un equipo de comuneros concretó 22 proyectos de desarrollo, entre los cuales destacó uno que algunos miraron con extrañeza: desarrollar un parque eólico comunitario, en el que los habitantes del pueblo "trabajaran no la tierra, sino el viento", recuerda uno de ellos: Juan Rodríguez, de 64 años. ^

Al comunicar ellos su intención a la CFE, los funcionarios respondieron: "Presenten su proyecto". Al respecto dice Rodríguez: "Entonces no teníamos un proyecto, era sólo una idea, y por supuesto que no sabíamos cómo hacer el proyecto técnicamente".

Por esos días llegaba al istmo Sergio Oceransky, codirector de Yansa, una fundación con sede en Washington dedicada a impulsar proyectos de grupos indígenas para desarrollar energías renovables.

En Ixtepec, Oceransky conoció a Juan Rodríguez y sus compañeros. Todos consideraron viable una asociación para materializar el proyecto eólico comunitario. En pocas semanas los comuneros de Ixtepec, asesorados por Yansa, promovían ante funcionarios de CFE y la Secretaría de Energía la construcción de un parque eólico con capacidad de 102 me-gavatios (MW), suficiente para surtir de energía a una ciudad como Cuernavaca. "Invitamos a Yansa a trabajar el proyecto a partes iguales", recuerda Juan.

La CFE cierra la puerta

El esquema esbozado entre los comuneros de Ixtepec y Yansa se resume en que los comuneros ponen la autorización y las tierras, mientras que la fundación consigue financiamiento a través de "inversionistas sociales"-que aceptan utilidades reducidas a cambio de impulsar beneficios comunitarios-, coordina a las partes encargadas de la construcción y el mantenimiento del parque y, finalmente, se encarga de la administración técnica.

Después de pagar el financiamiento y los intereses, las utilidades se dividen en 50% para la comunidad y 50% para Yansa, que a su vez -imposibilitada legalmente a repartir utilidades por tratarse de una empresa social- utiliza la mitad de su porcentaje para desarrollar otros proyectos comunitarios y la otra para crear un fondo financiero común de mitigación de riesgos.

Este acuerdo solucionaba, al menos en teoría, los problemas de acceso a la tierra, financiamiento, capacidad...

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