Jorge Carpizo vs. Anabel Hernández

AutorErnesto Villanueva

Primero. Nadie puede estar en contra del periodismo de investigación, que permite ensanchar el derecho a saber de los gobernados y a poner bajo el escrutinio público hechos que pueden constituir delitos o faltas a la ley. Daniel Santoro, uno de los periodistas de investigación con mayor prestigio en el hemisferio, señala a sus colegas que "nuestro mejor arsenal serán las entrevistas grabadas, el chequeo de datos en otras fuentes y los documentos. Así blindaremos la nota..." (Técnicas de investigación, FCE, México, 2004, página 124). Ese blindaje es fundamental para librarse de demandas civiles o denuncias penales, o bien, para enfrentar tales procesos judiciales con las pruebas en la mano. Lo peor que puede hacer uno es imputar la comisión de delitos a una persona sin asideros probatorios que eviten, por un lado, enfrentar procesos legales y, por otro, perder la credibilidad, que es el mayor capital de un periodista y/o de un medio de comunicación. Por supuesto, a mayores afirmaciones de que alguien actuó al margen de la ley, mayores datos probatorios deben mostrarse para no dejar aspectos que pongan en riesgo la calidad de la investigación.

Segundo. En el Distrito Federal existe desde 2006 la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, que protege los derechos citados y tiene la bondad de no ser penal; es decir, no incluye sanciones con penas privativas de la libertad, ni deja al criterio del juez establecer castigos de grandes sumas de dinero que podrían dejar al periodista en la calle. Lo que hace, eso sí, es fincar responsabilidades a través del mismo instrumento mediante el cual se hubieran lesionado algunos de los derechos de la personalidad: los medios de comunicación.

En su obra, Los señores del narco, Ana-bel Hernández realiza una compleja investigación sobre las relaciones entre el narco, los políticos y los empresarios. Hay, en efecto, porciones de la obra documentadas, pero otras carecen de fuentes, lo cual nunca es aconsejable, menos aún cuando se trata de un tema tan delicado. En su obra, Anabel formula, en esencia, tres imputaciones que podrían caber en lo que la ley en cuestión llama "insinuaciones insidiosas". Así, por ejemplo, afirma que con motivo de la captura de Joaquín Guzmán Loera se distribuyó la suma de un millón de dólares de recompensa, de los cuales fueron repartidos 600 mil...

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