José Luis Abarca, pronto en libertad

AutorRicardo Raphael

Entre los testigos de ese asesinato se encontraba Nicolás Mendoza Villa, asistente del líder social, quien salvó la vida por obra del azar.

Días después su declaración sirvió para que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) abriera una investigación contra el edil Abarca.

En la averiguación del caso, iniciada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), fueron integradas otras pruebas y declaraciones que vincularon al presidente de Iguala con la empresa criminal edificada años atrás por los hermanos Beltrán Leyva.

De acuerdo con la evidencia presentada, la fortuna de Abarca -en apariencia comerciante y joyero-nació gracias a que operaba una maquinaria con vocación para el lavado de dinero.

También fue denunciado el parentesco de Abarca con dos lugartenientes de esa misma red criminal: Alberto Pineda Villa, alias El Borrado, y Marco Antonio Pineda Villa, alias El MP. Ambos delincuentes, ejecutados en 2009, fueron hermanos de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de Abarca.

Entonces el titular de la SEIDO era Rodrigo Archundia Barrientos, actual fiscal antisecuestro del Estado de México. Sólo la corrupción que merodea desde hace más de 15 años a este funcionario público puede explicar que Abarca haya escurrido la acusación, como autor material, por el homicidio de Hernández Cardona.

Antes de que apareciera el cuerpo sin vida del líder de la Unidad Popular, estudiantes de la normal de Ayotzinapa Isidro Brugos se movilizaron con violencia para denunciar los hechos. Este antecedente fue clave para la incriminación del edil de Iguala, un año después, cuando la desaparición de los 43 jóvenes normalistas.

En octubre de 2014, ante una presión internacional y nacional de proporciones grandes, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, acusó a José Luis Abarca de haber ordenado a la policía municipal de Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014, que interceptara los camiones donde viajaban los jóvenes ya que, presuntamente, pretendían sabotear un evento político encabezado por su esposa, María de los Ángeles Pineda.

Los agravios previos entre el edil y los normalistas sirvieron para fundamentar esta teoría.

Con este suceso concreto comenzó la fabricación de la "verdad histórica," a propósito del caso Ayotzinapa.

Nunca fue cierto que los normalistas hubiesen planeado irrumpir en el acto público de la señora Pineda, ni que por esa razón el edil los hubiese entregado a...

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