José Manuel Mireles
| Autor | Ernesto Villanueva |
Nacho Mendoza fue su abogado defensor y logró la absolución del doctor Mireles de un caso digno de Kafka que vale la pena retomar porque no se ha dicho (o se ha comentado muy poco y de modo superficial) la parte detrás del escenario. Resulta que el líder de las autodefensas michoacanas fue procesado por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, habida cuenta que durante los años activos de las autodefensas debió contar con armas de alto impacto para hacer frente al crimen organizado. Cabe mencionar que la citada ley sólo permite la posesión de armas de calibre inferior a 9 milímetros para posesión en el domicilio en sentido estricto; es decir, en el hogar, y su portación es todo un proceso largo y tortuoso, a pesar de ser un derecho fundamental previsto en el artículo 10 constitucional.
Hasta aquí pareciera que con la ley en la mano el doctor Mireles habría incurrido en una violación a la citada normativa. Pero lo que no se ha dicho es que las armas que usaba fueron proporcionadas por el entonces delegado del gobierno federal Alfredo Castillo, con la firma del secretario de la Defensa Nacional para darle un viso de legalidad a un asunto irregular. La estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto era estimular y apoyar las autodefensas para contener en especial al cártel de la Familia Michoacana y sus sucedáneos, Los Caballeros Templarios. En ese proceso el doctor Mireles fue secuestrado y diversos familiares de él fueron muertos por los cárteles que operaban en el estado, que veían cómo su presencia se acotaba. Seguramente si hubiera seguido su vida de médico militar no hubiera tenido problema alguno, pero las circunstancias y sus convicciones decidieron que emprendiera ese camino, que no es el ideal ni ajustado a derecho ni mucho menos, pero se defendían o se convertían en rehenes de un estado paralelo más fuerte que el propio estado de derecho. Después de que las autodefensas habían cumplido su cometido de minimizar esos poderosos grupos delincuenciales, el gobierno buscó reencauzar el sentido de quienes habían optado por necesidad el camino de las armas hacia la policía rural con menor capacidad de fuego y acotados en sus funciones.
Esa opción para el doctor Mireles y sus seguidores hubiera significado su sentencia de muerte, por la asimetría entre la modesta policía rural y las todavía poderosas células de los cárteles, ya fuera en su mayoría de Michoacán, pero presentes en los estados circunvecinos...
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