La Judicatura, humillada por la Marina
| Autor | Jorge Carrasco Araizaga |
Ni el Poder Judicial de la Federación (PJF) pudo con la impunidad de los marinos de Felipe Calderón. Autolimitado, no fue capaz de llevarlos a juicio por el violento e ilegal allanamiento a la casa de un juez federal en Guadalupe, Nuevo León.
A pesar de las afectaciones emocionales a los hijos del juez y de los daños a su vivienda, el poder que se encarga de impartir justicia sólo obtuvo una "disculpa institucional" de la Secretaría de Marina (Semar) y una petición de "generosidad y patriotismo" para apoyar a la Armada de México y a Calderón en su "lucha contra la delincuencia organizada".
Desde hace más de un año el PJF ha esperado más que una disculpa. Desde abril de 2011 le ha pedido a la justicia militar que investigue y sancione a los responsables del cateo ilegal a la casa del juez Francisco Eduardo Flores Sánchez, ahora magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey.
Ni Calderón ni la Semar han hecho nada por investigar, a pesar de las peticiones formales e informales del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), organismo encargado de la vigilancia y administración de los juzgados federales y que encabeza el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Juan Silva Meza. Las peticiones se hicieron ante el propio Calderón y el titular de la Semar, Francisco Saynez Mendoza, mediante una denuncia de hechos ante la Procuraduría de Justicia Militar. La respuesta fue sólo una carta de "disculpas y ruegos" a pesar de la afectación a los hijos del juez, dos de ellos menores, y a su propiedad.
De acuerdo con la denuncia de hechos, la tarde del 7 de febrero de 2011 infantes de marina encapuchados ingresaron violentamente al domicilio del entonces juez cuarto de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en el estado de Nuevo León.
Flores Sánchez y su esposa no estaban en su casa, en el municipio de Guadalupe. Habían ido a San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, al funeral de una de las hermanas del juez. Sólo se encontraban sus hijos Andrea Sofía, de 19 años, y dos menores de 15 y 10 años.
"Alrededor de las cinco de la tarde, vía telefónica, la mayor de mis hijas me informó llena de pánico que mi domicilio había sido allanado por alrededor de 20 hombres que ingresaron a través de las bardas que colindan con la calle, apoyados en la excusa de que habían recibido una denuncia anónima de vecinos" y de que el color de la puerta de la casa coincidía con la del inmueble donde ocurrían "eventos sospechosos", relató el juez en un escrito que envío cuatro días después de los hechos al ministro Silva Meza y a varias instancias del CJF.
Los infantes de marina, impulsados por Calderón para realizar operativos en tierra como lo hacen los marines estadunidenses, rodearon la casa y entraron hasta la recámara del juez "donde abrieron cló-sets y armarios, mientras mis hijos llenos de temor...
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