Un juez ampara a los padres y abre paso a la justicia

AutorGloria Leticia Díaz

Un juez federal echó por tierra la pretensión del gobierno de Enrique Peña Nieto de encubrir a Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y a otros ocho funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) que presuntamente participaron en la fabricación de la "verdad histórica" de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.

El titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos Pérez, resolvió conceder un amparo a padres y madres de los estudiantes desaparecidos contra el Acuerdo de Conclusión de la Dirección General de Asuntos Internos de la Visitaduría General de la PGR del 5 de diciembre de 2016, que prácticamente exoneraba a Zerón de Lucio por las irregularidades cometidas el 28 de octubre de 2014 en el río San Juan, en Cocula, en tanto que al resto de los funcionarios sólo les impuso sanciones administrativas.

Al reconocer la legitimidad jurídica de los padres y madres para impugnar la resolución de un órgano interno de control de una dependencia federal por haber violado su derecho a la verdad, el juez Santos Pérez ordena al "agente del Ministerio Público de la Federación visitador, adscrito a la Dirección General de Asuntos Internos de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, deje insubsistente" el acuerdo mencionado y que "dé contestación a la totalidad de las conductas consideradas como irregulares hechas de su conocimiento, así como para que realice el análisis de aquellas que puedan trascender al ámbito penal y ordene dar las vistas correspondientes a las autoridades competentes, ello para respetar la garantía de exhaustividad y congruencia" que debe incluir el procedimiento correctivo.

La sentencia, a la que este semanario tuvo acceso, fue emitida el pasado 16 de noviembre, en pleno proceso de transición presidencial, y fue impugnada en los primeros días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la PGR, Vla-dimiro Solís Escudero, como consta en el expediente que tramita el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.

Sin embargo, una segunda notificación fechada el 28 de diciembre reporta el desistimiento del recurso de revisión interpuesto por Solís Escudero. La renuncia de la PGR a continuar el litigio que se inició en el sexenio de Peña Nieto contra los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos ocurre antes de la instalación formal de la "comisión de la verdad" ordenada en el decreto del 3 de diciembre de López Obrador.

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