Juicio al golpe
| Autor | Francisco Marín |
VALPARAÍSO, CHILE.- Cuando están por cumplirse 40 años del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 contra el gobierno de Salvador Allende, agrupaciones de familiares de víctimas de la represión política presentaron una querella para identificar y castigar a los responsables de "este crimen de lesa humanidad" que cambió radicalmente el destino de Chile.
La demanda fue presentada el pasado viernes 14 por Lorena Pizarro Sierra, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), y por Alicia Lira Matus, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP). Será el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, quien decidirá si le da trámite o no.
Es una decisión complicada para Mario Carroza.
Entre los implicados en el golpe aparecen altos exfuncionarios del gobierno de Estados Unidos, políticos chilenos de renombre, como el expresidente Patricio Aylwin, y hasta exmiembros de la Corte Suprema, que en los días previos al 11 de septiembre de 1973 emitieron una declaración en la que señalaron que el gobierno estaba actuando al margen de la legalidad.
En sus fundamentos la querella señala que "el golpe en sí mismo y los ilícitos penales cometidos el propio 11 de septiembre del 73 constituyen delitos de lesa humanidad, imprescriptibles de acuerdo a los tratados internacionales suscritos por Chile que gozan de rango constitucional y de acuerdo, además, con la propia jurisprudencia de nuestros tribunales y nuestra Corte Suprema en fallos reiterados".
En entrevista con Proceso el abogado patrocinante de la querella, Eduardo Con-treras, expresa que "no resulta concebible que se juzguen por los tribunales los efectos de un hecho y no la causa: no habría habido genocidio si no hubiera habido golpe. Y el golpe no fue una loca ocurrencia que tuvo el 11 de septiembre el señor (Augusto) Pinochet. Él no se levantó ese día y le dijo a su mujer: 'Oye, voy a dar un golpe'.
"Fue producto de una conjura de larga data en la que participaron miembros de todas las ramas de las fuerzas armadas, funcionarios de la embajada norteamericana, de la CÍA, pero también un buen grupo de políticos chilenos que están involucrados y que tienen que responder por los delitos cometidos."
Consultado respecto de los motivos que tuvo para presentar esta querella pese al tiempo transcurrido, Contreras expresa que "este es un buen momento para presentarla". Señala que a principios de los noventa, al iniciarse la transición a la democracia, no había condiciones para entablar un juicio así. "Se estaba abriendo camino la transición cuyo primer presidente de la república fue Patricio Aylwin y su participación en las negociaciones políticas previas al golpe resulta evidente".
Agrega: "Desde 1998 los jueces chilenos han establecido que efectivamente hubo genocidio: hay sentencias, hay militares presos, hay cientos de condenados (70 de ellos en prisión). Hay certeza jurídica y no suposiciones de que hubo miles de detenidos-desaparecidos, ejecutados políticos, torturados (...) Bueno, ahora vamonos a la causa: ¿Quién es más culpable, el soldado que degolló, el soldado que disparó, el militar que dio la...
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