Justicia a conveniencia. El gobierno, campeón en impunidad
| Autor | Patricia Dávila |
El desempeño de la Procuraduría General de la República (PGR) durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha sido cuestionable por la manera en la que construyó, llevó y dio seguimiento a diversos casos.
Tal es la opinión de Gustavo López Montiel, catedrático del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en la Ciudad de México, quien afirma que la dependencia encargada de indagar y perseguir los delitos federales dejó de iniciar procesos contra figuras políticas protegidas, y en los que sí actuó "lo hizo con un sentido mucho más político que jurídico".
Puntualiza: "Me parece que se dio un uso intencionado del espacio de poder que la procuraduría representa. Es un desempeño parcial". Y plantea asimismo que uno de los principales aspectos de la crítica sobre la actuación de la PGR está relacionado con los titulares que ha tenido: "El último nombramiento (de Alberto Elías Beltrán como encargado de despacho) se hizo en el colmo de la manera en la que se podría constituir una PGR que incumple con el espacio de legalidad que debería".
En entrevista, López Montiel recuerda casos en los que hubo acusaciones pero sin que se iniciaran las investigaciones respectivas, así como asuntos en los que las indagatorias las realizó únicamente la Secretaría de la Función Pública (SFP), como en la tragedia del socavón de la autopista México-Cuernavaca, donde murieron dos personas.
Por ejemplo, dice que donde hubo señalamientos de corrupción los procesos se construyeron desde la perspectiva de la SFP, porque desde la visión de la procuraduría no había elementos para iniciar carpeta de investigación, como en lo tocante a la Casa Blanca de Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera. Finalmente, ambos fueron exonerados por la Función Pública.
Lo mismo ocurrió con el canciller Luis Videgaray y su residencia de Malinalco, que adquirió en 2012 a una tasa preferencial que le concedió Grupo Higa, el consorcio favorecido con los contratos de obra pública más jugosos durante la gestión de Peña Nieto en el Estado de México y el gobierno federal.
Trato preferencial a exgobernadores
López Montiel alude también a las denuncias del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, en el sentido de que la PGR no acelera las solicitudes de extradición de los funcionarios mexicanos que están detenidos en el extranjero o que no libera las peticiones para capturar a los exfuncionarios que se esconden en otros países.
Mención aparte merece la falta de...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba