La justicia quedó pendiente
| Autor | Jorge Carrasco Araizaga |
Las presiones directas de Felipe Calderón resultaron contraproducentes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Por el momento, el titular del Ejecutivo fracasó en su pretensión de sacar de la Primera Sala el expediente de Florence Cassez y, por otra parte, los ministros de esa instancia exhibieron las violaciones constitucionales atribuidas, sobre todo, a uno de sus funcionarios más cercanos, Genaro García Luna.
De acuerdo con constitucionalistas de dentro y fuera de la Suprema Corte, el ahora secretario de Seguridad Pública quedó expuesto a una investigación penal e incluso a un posible juicio político una vez que cuatro de los cinco ministros de la Primera Sala resolvieron que era procedente el recurso de revisión solicitado por la ciudadana francesa contra la sentencia de 60 años a la que fue condenada por secuestro.
En sesión pública realizada el miércoles 21, esa misma mayoría determinó que se cometieron "graves violaciones a los derechos humanos" de Florence Marie Louise Cassez Crepin cuando fue detenida en diciembre de 2005 por la Agencia Federal de Investigación (AFI), al mando entonces de García Luna.
Esa mayoría -integrada por los ministros Arturo Zaldívar, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Jorge Mario Pardo Rebolledo- se redujo cuando sólo los tres primeros votaron por conceder el amparo a Cassez. Y la mayoría se disolvió cuando los ministros Zaldívar, Cossío y Sánchez Cordero no alcanzaron un consenso respecto a los efectos del recurso, por lo que la Primera Sala tendrá que elaborar un nuevo proyecto.
La encargada es la ministra Sánchez Cordero, quien junto con Zaldívar ha favorecido la liberación absoluta e inmediata de Cassez, mientras que Cossío propone un amparo "para efectos"; es decir, regresar el expediente al Tribunal Unitario que le impuso la pena de 60 años para que emita una nueva sentencia, pero sin considerar una serie de pruebas desacreditadas por el montaje televisivo realizado por la AFI con el apoyo de Televisa y TV Azteca.
Consultadas por Proceso, diversas fuentes de la Suprema Corte consideran que la ministra Sánchez Cordero tendría que conciliar las dos posturas para facilitar la liberación de la ciudadana francesa. De no haber acuerdo a partir del nuevo proyecto, el caso pasaría en automático al pleno de la Suprema Corte, donde de antemano se prefigura una votación en contra del amparo.
Desde que el ministro Zaldívar hizo público su proyecto para la liberación, Calderón desplegó una intensa presión hacia la Corte para que el caso saliera de la Primera Sala por considerarla "demasiado liberal", según dijeron testigos del cabildeo que realizaron durante dos semanas funcionarios del Ejecutivo federal en la Corte.
Por las oficinas de los ministros de la Primera Sala pasaron funcionarios de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la propia Secretaría de Seguridad Pública, entre ellas Lizeth Parra, jefa de la Unidad de Información y Análisis de la última dependencia e identificada como la entonces funcionaría de la AFI que convocó a las televisoras para el montaje sobre la detención de Cassez.
Todavía 48 horas antes de que se efectuara la votación, los secretarios de Estado se encargaron de buscar directamente al presidente de la Suprema Corte, Juan Silva Meza, para insistir en la pretensión de que el caso se discutiera en el pleno de ministros.
El martes...
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