El laberinto jurídico de Sandra Ávila
| Autor | Jorge Carrasco Araizaga |
En la corte federal del Distrito Sureste de Florida, con sede en Miami, desde hace 11 años se acusa a La Reina del Pacífico de asociarse con narcotraficantes colombianos para introducir y distribuir cocaína en Estados Unidos.
De acuerdo con el expediente del caso penal 04-20154 CR-M00RE, consultado por Proceso, Ávila Beltrán es una de los siete ciudadanos de México y Colombia acusados desde entonces por el Departamento de Justicia estadunidense de conspirar para importar y vender el alcaloide, cargos sancionados con prisión perpetua.
Ávila fue implicada en esa causa por algunos de sus coacusados que están en condición de colaboradores del gobierno estadunidense, quienes a cambio obtuvieron reducción de sus condenas.
Hace nueve años, el 20 de diciembre de 2001, Estados Unidos tuvo un argumento más contra Ávila Beltrán: en Manzanillo, Colima, el buque Maciel fue incautado con 10 toneladas de cocaína procedente de Colombia y que tenía como destino aquel país. La PGR la implicó en la frustrada operación y la acusó de delincuencia organizada, delitos contra la salud en su modalidad de fomento, y lavado de dinero. Ávila fue capturada en septiembre de 2007 en un restaurante del barrio de San Jerónimo, en el sur de la Ciudad de México.
Las imputaciones en su contra se complicaron con la detención, en agosto pasado, de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, quien por años fue el enlace del cártel colombiano del Norte del Valle y los del cártel de Sinaloa, a través de los hermanos Beltrán Leyva.
Sin embargo, en menos de un año dos integrantes del Poder Judicial Federal dictaminaron que los gobiernos mexicano y estadunidense no han entregado pruebas contundentes contra Ávila. Pero esta “opinión jurídica” no es vinculante, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no está obligada a respetarla y el 29 de octubre resolvió extraditar a la acusada.
El sábado 4 de noviembre, el titular del juzgado Décimo Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales, Fernando Córdova del Valle, absolvió a Ávila Beltrán de los cargos fincados por la PGR. Lo mismo hizo con el colombiano Juan Diego Espinosa Ramírez, El Tigre.
Luego de su detención, en el decomiso de sus bienes la PGR enlistó 179 joyas con incrustaciones de piedras preciosas, 16 cuentas bancarias –cinco de ellas en dólares–, seis vehículos y seis inmuebles, entre éstos un conjunto de 223 terrenos del fraccionamiento Alto Valle, en Hermosillo, Sonora.
Para el juez Córdova del Valle, la PGR no...
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