Larga lucha contra la impunidad
| Autor | Pablo Pérez Álvarez |
LIMA.- La noche del 17 de julio de 1992, durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) en Perú, el paramilitar Grupo Colina, formado por soldados del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), irrumpió en la residencia estudiantil de la Universidad La Cantuta y secuestró a nueve estudiantes y un profesor. Los creía relacionados con un coche bomba que Sendero Luminoso (SL) había detonado un día antes, con saldo de 22 muertos en la capital del país.
Un año después, gracias una revelación periodística, fueron descubiertas cuatro fosas clandestinas en una quebrada al este de la ciudad con los 10 cuerpos quemados. Cinco fueron desenterrados e identificados. Por este caso fueron condenados en 2008 cinco militares. En 2009 la matanza de La Cantuta fue una más de las acusaciones contra Fujimori, quien fue condenado a 25 años de cárcel.
Esta sentencia fue considerada un hito de la justicia internacional, en particular en Latinoamérica, donde por primera vez un expresidente electo democráticamente era juzgado y condenado. Los familiares de las miles de víctimas de la represión estatal de los ochenta y noventa en Perú creyeron que se ponía fin a la impunidad. Tras años de sufrir agravios e indiferencia, llegaba la hora de la justicia y la reparación social y moral.
No obstante, un lustro después vuelve a reinar el escepticismo.
Cuando en julio pasado, con motivo del aniversario de la matanza de La Cantuta, las familias de los asesinados fueron a poner flores en el lugar donde todavía están enterrados los restos de cinco de ellos, encontraron que el lugar había sido alterado y una empresa constructora usó el terreno como cantera de arena para una obra cercana, sin tener siquiera permiso para ello.
"No solamente ha enterrado parte del camino que nos conducía a estos sitios, sino que casi todo el cerro ha desaparecido", denuncia Gisela Ortiz, hermana de Luis Enrique, uno de los estudiantes asesinados hace 22 años.
Ortiz acusa al fiscal -nombrado el año pasado para recuperar definitivamente los restos que quedaban en el lugar- de no haber hecho ninguna diligencia en todo este tiempo y haber permitido que las fosas fueran dañadas, tal vez irremediablemente. "La preocupación que tenemos es que si con esa tierra que han negociado, también se han ido los restos de nuestros familiares", explica.
Esta negligencia es sintomática de la falta de interés de las autoridades peruanas por resarcir a las víctimas del conflicto interno.
La falta de voluntad política se manifiesta en varios factores, desde las ridículas indemnizaciones a las familias afectadas o la inexistente reparación histórica, hasta la búsqueda de los miles de desaparecidos y los juicios contra los responsables de los crímenes de lesa...
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