Ley antifuero con móvil electoral
| Autor | Jesús Cantú |
Los priistas y sus aliados (los partidos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza) cuentan con 255 diputados; por lo tanto, pueden aprobar por sí mismos las reformas legislativas, como sucedió con las leyes de Seguridad Interior y de Comunicación Social. Y aunque en este caso se trata de una reforma constitucional, por lo cual los legisladores requerían el voto de las dos terceras partes de los presentes, la irritación social es tal que ningún grupo parlamentario se opuso a la reforma, que fue aprobada por unanimidad.
Unos días antes, el martes 10, los diputados aprobaron la Ley de Comunicación Social para cumplir formalmente con el mandato del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes del 30 de abril de este año, sin bien en este caso lo hicieron con el rechazo de todos los legisladores de la oposición, de las organizaciones de la sociedad civil y hasta de los relatores especiales para la libertad de expresión de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos.
Las motivaciones son muy distintas. En el primer caso, los legisladores de los partidos integrantes de la coalición que postula a Meade querían darle armas a su candidato presidencial para tratar de alentar su desangelada campaña, aunque la eliminación del fuero en la Constitución no modificará en nada la impunidad de la que gozan los funcionarios mexicanos de primer nivel, pues lo que realmente falta es voluntad política para sancionar sus atropellos, arbitrariedades, abusos y corruptelas.
Un estudio elaborado por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República señala que de 1917 a la fecha han sido desaforados ocho legisladores o funcionarios, de los cuales únicamente dos han sido condenados y uno se encuentra prófugo. El desafuero de estos ocho políticos de alto rango demuestra que el fuero no es sinónimo de inmunidad; sin embargo, el hecho de que más de la mitad de estos desaforados fueran exonerados sin ser sometidos a juicio penal también demuestra que la motivación para proceder no es la gravedad del delito o la contundencia de las pruebas, sino la consigna política que reciban los legisladores.
Un caso muy representativo de la anterior afirmación es el de Carlos Madrazo Becerra, en 1945, quien fue perseguido por el presidente Manuel Ávila Camacho por haber apoyado la precandidatura de Javier Rojo Gómez. Madrazo fue...
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