Ley de Cultura: Muchos años, mucho ruido, poca satisfación
Casi treinta años, desde la creación en 1988 del desaparecido Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), hubo de aguardar para que las cámaras de Senadores y Diputados sacaran adelante la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, aprobada por los diputados el pasado 28 de abril, apenas a dos días de concluir el periodo legislativo.
Y a pesar de la larga espera, el instrumento jurídico no cumple con las expectativas: denota prisas, omisiones, ha dejado fuera temas como las telecomunicaciones, el de los medios públicos (particularmente los culturales), o el pre-supuestal. En cambio, ha incluido otros como el patrimonio cultural y las culturas de los pueblos indígenas que podrían crear controversia.
Enojo, frustración, oposición, rechazo y más cuestionamientos, es el saldo que deja entre trabajadores de la cultura, académicos e incluso miembros del Consejo Redactor que participó en el proceso de creación de esta ley, la cual llegó a contar con cinco diferentes iniciativas, que derivaron en un documento de 42 artículos separados en cinco títulos:
Disposiciones generales.
Derechos culturales y mecanismos para su ejercicio.
Bases de coordinación.
Participación social y privada.
Vinculación internacional.
Doctorante en Derecho a la Cultura, y miembro del Consejo Redactor, Carlos Alberto Lara siguió de cerca la etapa de la aprobación y admite que la reglamentación ni siquiera era indispensable:
"No nos va a dar más presupuesto, ni a solucionar problemas, no vamos a tener mejores funcionarios, eso sería mentira. Lo que hace es transitar de la obligación del Estado a garantizar ciertos bienes y servicios culturales, al derecho ciudadano de acceder a ellos, es decir, ahora sí estamos completos."
Vale recordar que cuando en 1988 se creó el Conaculta por decreto presidencial de Carlos Salinas de Gortari, se planteó la necesidad de resolver sus irregularidades jurídicas mediante una ley general de cultura. En 2004 la entonces presidenta del organismo, Sari Bermúdez, impulsó una iniciativa de Ley de Fomento y Difusión de la Cultura, conocida como Ley Sari. De entonces hubo varios proyectos, ninguno prosperó.
En 2009 se estableció el Derecho a la Cultura, mediante la reforma al artículo 4o constitucional. Se dijo entonces que, ahora sí, el paso siguiente, obligado, sería una ley, ya fuese reglamentaria, federal o general. Años y legislaturas pasaron sin resolver ese punto. Luego de las llamadas reformas estructurales del gobierno de Enrique Peña Nieto (energética, fiscal, educativa, entre otras), especialistas de la cultura demandaron como necesaria una reforma cultural.
En ese marco, se aprobó en diciembre de 2015 la creación de la Secretaría de Cultura (SC) y a finales de 2016 se emitió su Reglamento Interno. Ninguno de los dos satisfizo, pero se argumentó: "Es preferible que ya se tenga, aunque sea mal, lo importante es robustecer el sector cultural".
Bajo los mismos términos pasó esta nueva ley. El martes 25 de abril la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, compareció ante el Senado de la República. Tras el acto, los senadores se comprometieron a sacarla. La aprobaron el jueves 27 y se turnó de inmediato a...
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