La Ley de Víctimas todavía se tambalea
| Autor | Marcela Turati |
En México las víctimas de un delito grave que hayan sufrido incapacidad mental o física o la privación de la libertad, o los deudos de quienes hayan perdido la vida, recibirán por ley una "compensación subsidiaria" tasada en una cifra máxima de un millón de pesos. El Estado se hará responsable de pagarla sin importar quiénes fueran los delincuentes ni cuándo hubiera ocurrido la agresión.
Cualquier víctima o familiar de una víctima de la delincuencia común, del crimen organizado, de funcionarios públicos o fuerzas de seguridad, tendrá representación de abogados capacitados en el tema, recibirá el pago por los gastos de alojamiento, comida o traslados que haya hecho para llevar su caso ante tribunales y tendrá servicios médicos, becas educativas y oportunidades de desarrollo.
Estos son algunos de los beneficios de la Ley General de Víctimas cuya publicación es inminente y que es un triunfo político del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) que desde abril de 2011 sacó a las calles a las víctimas de la violencia del sexenio calderonista y las acercó a la clase política para que sus demandas fueran escuchadas. Es también un reñejo de la "crisis humanitaria" que dejó la estrategia de seguridad de Felipe Calderón y del colapso del sistema judicial que mantiene casi asegurada la impunidad.
A partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y de su posterior reglamentación, las personas que hayan sido víctimas de ese tipo de abusos en algún momento de la historia de México -incluidas las de la Guerra Sucia- tendrán derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral y garantías de no repetición.
Se formará una Comisión Ejecutiva nacional con cinco expertos propuestos por universidades públicas y cuatro candidatos ciudadanos con experiencia en defensa de los derechos humanos, y se crearán comisiones equivalentes en cada entidad federativa. Éstas decidirán las medidas de apoyo que se otorgarán a cada víctima.
Según el centro de análisis México Evalúa, en el sexenio anterior al menos 101 mil personas fueron asesinadas y más de 344 mil quedaron huérfanas, viudas o sin sostén económico. A su vez la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió denuncias por la desaparición de 24 mil personas en el mismo periodo.
El Estado mexicano tendrá que someterse a una reingeniería para la creación de un Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) en el que los gobiernos federal, estatales y municipales asumirán los costos por los daños físicos, mentales, materiales, pérdida de oportunidades, perjuicios morales y gastos de asistencia de las víctimas, y en el que todas las dependencias de gobierno asumen responsabilidades.
O al menos eso quedó en el papel firmado por el Poder Legislativo y avalado por el Ejecutivo.
La creación del nuevo sistema implica la desaparición de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (Províctima), creada por Calderón a fines de...
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