Las leyes de AMLO son impugnadas por cambiar el sistema: Scherer Ibarra
| Autor | Julio Scherer Ibarra |
El periodismo es y seguirá siendo responsabilidad hacia los lectores. Brindar información veraz no es sólo derecho del periodista, sino obligación irrenunciable en el ejercicio honesto de su oficio.
Lejos de ese compromiso, en el texto que alude a mi persona, el reportero privilegió críticas subjetivas, de carácter personal, en voz de entrevistados que no conozco ni me conocen. Sin buscar la otra cara de la moneda, no se me permitió ofrecer mi punto de vista, como exige el oficio periodístico. Las puertas de mi oficina, de más está decirlo, siempre han estado y estarán abiertas para Proceso.
Me resisto a las declaraciones abstractas que colman el artículo, al uso de calificativos gratuitos y sin sustento, a opiniones personales presentadas como verdades absolutas, a elucubraciones sobre lo que cada entrevistado imagina. Más allá de las discrepancias, formado por un periodista, nada valoro por encima de los hechos.
En las impresiones recogidas por el autor, el entrevistado Juan J. Garza -investigador constitucionalista de la UNAM-ignora que las impugnaciones a las nuevas normas no significan que quien las propuso no haya realizado su trabajo con rigor o previsto resistencias.
El académico desconoce también que dentro de las atribuciones constitucionales y reglamentarias del consejero jurídico no está poner límites ni amonestar al jefe del Estado mexicano. Su función es dar asesoría y apoyo técnico-jurídico a las decisiones políticas que el Ejecutivo federal adopte para los fines con los que está comprometido. En su caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre ha actuado en congruencia con el proyecto de nación que hace dos años lo llevó a ganar las elecciones por una amplia diferencia: la transformación de la República.
Transformar implica, necesariamente, descomponer el orden existente abandonándolo por valores distintos. A lo largo de nuestra historia ha habido muchísimas impugnaciones a toda clase de normas, en el entendido de que el número de inconformidades se incrementa cuando las nuevas reglas hacen cambios estructurales al sistema.
Dogmáticamente se ha sostenido que los cambios únicamente pueden hacerse conforme a las reglas preestablecidas. Sin embargo, si lo que precisamente se quiere es cambiar el sistema y sus formas, es legítimo adoptar procedimientos y contenidos distintos conforme a los principios de legalidad, seguridad jurídica y equilibrio de los poderes.
Ni las propuestas de ley ni los decretos emitidos por el...
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