Leyes e instituciones desconfiables
| Autor | Carlos Acosta Córdova |
La decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de desechar las pruebas del Movimiento Progresista sobre las irregularidades en la elección presidencial, validar dicha elección y declarar presidente electo al priista Enrique Peña Nieto sacó a flote las insuficiencias de la legislación electoral.
Aunque legalmente sea inapelable e inatacable su decisión, eso no implica que en la elección presidencial no se hayan violentado preceptos constitucionales, cometido infracciones graves al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y, aun, que no se haya incurrido en francos delitos.
Eso se sabrá hasta que la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos (UFRPP) del Instituto Federal Electoral dictamine finalmente sobre el finan-ciamiento y los gastos de los partidos políticos durante las campañas electorales.
Para ello falta un buen tiempo. Si bien el tribunal echó abajo la impugnación presentada por el Movimiento Progresista para que se invalidara la elección presidencial -por contener sólo "argumentos vagos, imprecisos y genéricos" que no probaban nada de lo que se imputaba, según el consenso de los siete magistrados que calificaron la elección-, lo cierto es que será hasta que la Unidad de Fiscalización del IFE concluya sus indagatorias cuando se revele el verdadero comportamiento de los partidos en materia de gastos y de ingresos.
El proceso es arduo y complejo. Por ley, los partidos tienen el 8 de octubre como fecha límite para entregar el documento final en el que informen sobre cómo obtuvieron recursos para sus campañas y cómo los gastaron. Con esa información en la mano, la Unidad de Fiscalización deberá, en casi cuatro meses, cotejar aquella con la que por sí misma obtuvo durante las campañas y la que derivó de las múltiples quejas interpuestas por los partidos ante el instituto.
En ese tiempo deberá -como ya lo ha hecho a partir de las quejas- cruzar información con todas las dependencias involucradas: la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la propia SHCP y la Secretaría de Gobernación, entre otras.
El 31 de enero próximo la Unidad de Fiscalización deberá entregar al Consejo General del IFE el dictamen consolidado de los ingresos y gastos de los partidos durante la campaña presidencial. A más tardar en una semana, el consejo deberá resolver lo que corresponda, en términos de sanciones y castigos a quienes hayan incurrido en falta.
Ciertamente el palo ya está dado. Enrique Peña Nieto, aun cuando él y su partido hayan cometido tropelías, ya es, desde el viernes 31, presidente electo y el 1 de diciembre tomará posesión como presidente constitucional. Y hasta dos meses después se sabrá de las irregularidades y, en su caso, los delitos que él y su partido hayan cometido.
La dimensión de éstos, empero, no será obstáculo para que el priista siga despachando como presidente de la República.
Esa es una de las principales insuficiencias de la legislación electoral: que la calificación...
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