Más impugnaciones contra la designación de Perla Gómez
| Autor | Gloria Leticia Díaz |
El baluarte con el que Gómez Gallardo asumió la presidencia del organismo público -la transparencia-fue puesto en duda por los anteriores aspirantes al cargo y organizaciones civiles que los respaldaron.
Hasta el cierre de esta edición los tribunales federales analizaban dos solicitudes de amparo, y la oficina de transparencia de la ALDF había recibido al menos tres solicitudes de información de excandidatos que exigían conocer los criterios de selección, además de la evaluación de cada uno de los 29 participantes en el proceso para relevar a Luis González Placencia.
El anterior defensor renunció a que su ratificación -dictaminada dos meses antes por la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF-fuera sometida a votación en el pleno, sabedor de que no contaba con los 44 sufragios mínimos para permanecer otros cuatro años al frente del organismo, pese a contar con el respaldo de unas 400 firmas de organizaciones civiles y de académicos.
En su primera semana como ombudsper-son -como se le ha bautizado-, Gómez Ga-llardo ha sido cuestionada tanto por el procedimiento mediante el que llegó como por el primer nombramiento que hizo: designó a Sergio Jesús González Muñoz como tercer visitador; él es compadre del secretario de Gobierno capitalino, Héctor Serrano (Proceso 1932).
Sobre este caso, Gómez ha reiterado que la tercera visitaduría estaba acéfala con "casi 800 quejas de rezago", y que fue seleccionado por contar con un perfil acorde con "la conciliación y en el acercamiento con autoridades", según explicó en conferencia de prensa el miércoles 13.
Experta en litigios sobre libertad de expresión, la presidenta de la CDHDF ha defendido la legitimidad de su nombramiento al señalar que fue producto de una "convocatoria abierta", que su postulación obtuvo 57 votos de los legisladores locales y que contó con el respaldo de organizaciones civiles que validaron su perfil y el de siete aspirantes más.
Además reconoció el derecho de excandidatos y ciudadanos de acudir a las instancias judiciales y administrativas, y descartó sumarse a la solicitud de abrir los 29 expedientes y evaluaciones de los participantes. "Yo sería muy respetuosa de cómo maneja el proceso la propia asamblea en cuanto a su propio linea-miento que tiene en materia de transparencia".
Lajudicialización del proceso se inició con la renuncia de González Placencia; este hecho motivó que organizaciones civiles representadas por la Oficina de Defensoría de los Dere-chos de la Infancia (ODI)...
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