Un maltrecho mecanismo de protección a periodistas
| Autor | Gloria Leticia Díaz |
Arrendamiento mensual de un vehículo compacto por casi 22 mil pesos; por una camioneta blindada, 245 mil; departamento habilitado como "refugio de seguridad" por casi 34 mil pesos y guardias armados por 18 mil y 34 mil pesos, son algunas de las cotizaciones incluidas en el contrato que formalizó el gobierno de Enrique Peña Nieto para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos y atender así las medidas cautelares y precautorias ordenadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Las estimaciones están incluidas en el contrato firmado por Juan Carlos Gutiérrez Contreras -entonces titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos (UDDH), dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, a cargo de Lía Limón García- y la empresa RCU Sistemas S.A. de C.V., representada por Israel González León.
El contrato para atender a defensores, periodistas y beneficiarios de medidas cautelares -del cual Proceso tiene copia-tiene vigencia del 15 de febrero de 2014 al 31 de enero de 2017 y es por un monto mínimo de 25 millones 999 mil 999 pesos con 99 centavos y un máximo de 64 millones 999 mil 999 pesos con 99 centavos.
Para hablar de este contrato y de la situación actual del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, este semanario solicitó una entrevista con Lía Limón; hasta el cierre de esta edición la funcionaría no había respondido.
Según el documento, el pasado 14 de febrero el proveedor fue notificado de la adjudicación directa del contrato y aunque inició su operación un día después, éste no fue firmado sino hasta el 27 de febrero.
La fecha de arranque del "servicio integral de protección y seguridad técnica del mecanismo de protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, y el cumplimiento de medidas cautelares", es la misma en la que Gutiérrez Contreras dejó la UDDH.
Ésta permaneció acéfala hasta el jueves 10, cuando "por instrucciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong" -según el comunicado 187 de la Segob-, Limón nombró a Víctor Manuel Serrato Lozano, exómbudsman michoacano y exdirector general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Civiles de la CNDH.
La separación de Gutiérrez Contreras no se ha explicado oficialmente. El abogado de origen colombiano fue director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y litigó ante la Corte Interame-ricana de Derechos Humanos la desaparición forzada en 1974 de Rosendo Radilla Pacheco.
Lo único que se sabe es lo dicho ante jóvenes egresados de la Escuela Nacional de Cuadros del PRI -quienes cuestionaron esa separación- por Osorio Chong el sábado 5, declaración reproducida por el diario La Jornada: "No renunció, lo renunciamos".
La exigencia...
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