Mano negra de León Trauwitz en legislaturas anteriores
| Autor | Jenaro Villamil |
Estas fueron las diferencias fundamentales entre la iniciativa presentada por el diputado federal priista Marco Antonio Bernal -aprobada el 9 de septiembre de 2014 por 366 votos a favor y 17 en contra- y la ley que rehizo y confeccionó en el Senado su correligionario Omar Fayad, aprobada el 12 de marzo de 2015 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2016.
En ambas leyes estuvo la mano -y la presión- del general brigadier del Estado Mayor Eduardo León Trauwitz, entonces subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex, jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador en el Estado de México y mencionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como uno de los presuntos responsables del incremento exponencial del robo de combustibles en el sexenio pasado.
La iniciativa impulsada por Bernal fue elaborada en la oficina del Departamento Jurídico de Pemex, a cargo de Marco Antonio de la Peña.
Entre abril y septiembre de 2014, en medio de la discusión y aprobación del paquete de reforma energética, el diputado federal priista trabajó una nueva ley que afectaría no sólo los intereses de quienes encabezaban el robo ilícito desde el interior de Pemex, sino también a los "establecimientos mercantiles o empresas que se encuentran vinculados con el robo de combustibles, en donde el producto adquirido ilícitamente y, supuestamente, bajo el amparo contractual, es enajenado al público consumidor".
Bernal propuso que, ante la inexistencia de un tipo penal específico que sancionara a las gasolineras que expendieran el combustible robado, se reformaran y derogaran diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Extinción de Dominio y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para que se incorporara a las gasolineras.
En particular, propuso reformar el último párrafo del artículo 368 del Código Penal Federal para que, además de las sanciones contempladas, como penas de prisión y sanciones económicas, se impusiera "la suspensión de actividades y la disolución de la sociedad" de las gasolineras.
Iniciativas a modo
El dictamen aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados ordenó que el Ministerio Público "asegurara el establecimiento mercantil o empresa prestadora de servicio, notificando de manera inmediata al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, con la finalidad de que dicho establecimiento o empresa pase a su administración y se continúe prestando el servicio que...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba