En manos de los multimillonarios
| Autor | Jesús Cantú |
En el primer caso el Ejecutivo federal antepone los privilegios de las televisoras (entre los que ocupan un lugar destacado Televisa y TV Azteca) por sobre los derechos de las audiencias (Proceso 2101); en el segundo, prefiere acrecentar la riqueza de los dueños de las mineras enclavadas en Zacatecas (donde participan Industrias Peñoles, de Alberto Bailleres, y Minera Frisco, de Carlos Slim) que proteger el medio ambiente.
En junio de 2015, Oxfam México difundió un estudio del economista Gerardo Esquivel -Desigualdad extrema en México-, donde se destaca que el 1% más rico de México concentraba, en 2014, 21% de los ingresos totales del país, y precisaba que la riqueza de los cuatro hombres más adinerados del país (Carlos Slim, Germán, Larrea, Ricardo Salinas Pliego y Alberto Bailleres) representaba ese año alrededor de 9% del PIB mexicano.
El estudio señala que una característica compartida por estos cuatro multimillonarios es que sus principales empresas están en sectores que requieren concesiones estatales para operar: telecomunicaciones y minería. Hasta hace muy poco ni siquiera se conocían públicamente las reglas para el otorgamiento de esas concesiones, por lo cual era un proceso discrecional, arbitrario y prácticamente secreto. Las concesiones se entregaban selectivamente y les garantizaba a sus titulares poca competencia y grandes ganancias.
Aunque ahora hay reglas menos oscuras y procesos más públicos, lo cierto es que ambos sectores todavía presentan condiciones muy favorables para los titulares de las concesiones y son unos cuantos privilegiados los que las detentan. El mismo estudio señala: "Estas élites han capturado al Estado mexicano, sea por falta de regulación o por un exceso de privilegios fiscales".
Tras la alternancia en la Presidencia, en diciembre de 2000, los concesionarios han evidenciado esta captura en diversos momentos. Primero fueron los integrantes del duopolio los que mostraron su voracidad, al lograr disminuir a una décima parte el tiempo diario que otorgaban gratuitamente al Estado, gracias al decreto del 10 de octubre de 2002.
Luego, durante el proceso electoral de 2006, consiguieron que el Congreso aprobara reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, que establecía condiciones tan favorables para ellos que la nueva legislación fue conocida como Ley Teleuisa, finalmente revertida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ese parecía el parteaguas, pues en diciembre de 2007, en la reforma...
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