Medida ineficaz y perniciosa

AutorGloria Leticia Díaz

De junio de 2008 a octubre de 2011,6 mil 562 personas estuvieron en centros de arraigo de la dependencia entre 40 y 80 días mientras se investigaba si tenían nexos o no con las bandas delincuenciales. Al final sólo 212 recibieron sentencia condenatoria.

Por lo que atañe a las personas detenidas por elementos de las Fuerzas Armadas -7 mil 591 por efectivo de la Secretaría de la Defensa Nacional y mil 84 por elementos de la Marina-, los jueces especializados en cateos, arraigo e intervención de comunicaciones aprobaron la medida cautelar en mil 391 casos; del resto no se sabe nada.

Los datos anteriores forman parte de una investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organización que ha documentado violaciones a garantías individuales de casi 300 personas que han estado bajo arraigo en casos en los que ha participado personal de las Fuerzas Armadas.

Coordinados por Sergio Méndez Silva y los abogados Silvia Vázquez, Octavio Amez-cua y Silvano Cantú, todos ellos de la organización, emitirán un nuevo informe sobre el arraigo, figura que incluso fue reprobada por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNU-DH), Navi Pillay, durante su visita de agosto pasado a México; al mes siguiente el relator especial para México de la CIDH, Rodrigo Escobar Gil, denunció que el gobierno calderonista no le permitió ingresar al Centro Nacional de Arraigos.

Los abogados de la CMDPDH comparten a Proceso los resultados preliminares de sus indagaciones que en breve presentarán ante el Parlamento Europeo y ante la CIDH.

Para ellos, "el arraigo ha generado un clima de impunidad; no sólo es una medida que afecta los derechos humanos, sino que pretende tapar la ineficacia en la investigación. Al final -dicen- lo que se hace es fabricar culpables y para ello se recurre a la tortura".

Sostienen también que el "vínculo casi indisoluble" entre el arraigo y la tortura fue evidenciado desde 2009 por el Subcomité para Prevención de la Tortura de la ONU, luego de que, tras revisar los exámenes médicos de 70 personas arraigadas por la PGR, sus investigadores detectaron que en la mitad de los casos había "signos de violencia".

Además, las pruebas obtenidas durante los arraigos-que las autoridades no pudieron robustecer durante los procesos penales-provocan que la mayoría de los detenidos recuperen su libertad. Y citan como ejemplo el michoacanazo de 2009, en el cual la PGR no pudo demostrar los presuntos...

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