Nada mejoró después de Pasta de Conchos
| Autor | Arturo Rodríguez García |
En la villa minera de Cloete, en Sabinas, Coahuila, un grupo de vecinos se apostó en el acceso a un tajo carbonero, la mañana del miércoles 17, para impedir la operación que remueve la tierra entre el caserío de la comunidad. Poco después, el aparato clientelar del PRI azuzó a numerosas mujeres que, haciéndose pasar por esposas de trabajadores, apedrearon a los manifestantes. Éstos no respondieron a la agresión, pero se mantuvieron en el lugar.
El tajo es propiedad de Antonio Nerio, exalcalde de San Juan de Sabinas, Coahuila, padre del diputado y también exalcalde homónimo.
En la últimas cuatro décadas Nerio amplió sus inversiones de la extracción de carbón al transporte de mineral, la ganadería, la agricultura y ahora es el principal accionista y presidente de los Saraperos de Saltillo, equipo de la Liga Mexicana de Béisbol, en cuya página oficial se exhibe un curriculum que lo describe como un filántropo "a veces demasiado generoso", mientras que los diarios locales lo califican de ambientalista por el desarrollo de una reserva cinegética en la región.
Pero el tajo ubicado en la colonia Alta-mira, en Cloete, escenario del conflicto del miércoles 17, no tenía manifiesto de impacto ambiental, carecía de autorización de uso de suelo -por encontrarse dentro de una zona habitacional- y estaba clausurado. Así que, después de varias horas de tensión, intimidaciones y una intervención de la policía estatal, llegaron servidores públicos para volver a cancelar la explotación; eso sí, sin sancionar la violación de sellos.
En los últimos 13 meses en la región carbonífera de Coahuila dejó de haber muertes de mineros, debido a las intervenciones que la organización Familia de Pasta de Conchos suele realizar en minas que operan irregularmente o son inseguras. En la última década esas minas mataron a más de 160 trabajadores por causas imputables a las operaciones de los barones del carbón, como Nerio.
Desde el 19 de febrero de 2006 -cuando la mina 8, Unidad Pasta de Conchos tuvo un accidente que cobró la vida de 65 mineros y dejó lesionados a 13 más-, la organización de deudos y sobrevivientes de esa y otras tragedias carboneras se convirtió en un observatorio permanente de las minas propiedad de un puñado de familias que, con influencia política, extraen carbón en decenas de miles de hectáreas concesionadas por el gobierno federal.
El destino de ese mineral es la proveeduría a las carboeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el municipio coahuilense de Nava, muy cerca de la frontera.
Las intervenciones de la Familia de Pasta de Conchos, acompañadas por la defensora de derechos humanos Cristina Auerbach Benavides, consisten en apostarse afuera de las minas hasta forzar la llegada de inspectores federales del trabajo o autoridades relacionadas con la minería que, dadas las malas condiciones de las empresas, no tienen más remedio que actuar.
Sin interés jurídico
A los deudos de Pasta de Conchos les quedó claro que para el gobierno, ellos no tienen interés jurídico. Esa fue la conclusión a la que llegaron en 2007 la Secretaría de
No importó que la afirmación careciera de soporte científico. La Secretaría del...
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