El memorándum de AMLO dejó indefensos a sus funcionarios
El presidente Andrés Manuel López Obrador metió en un conflicto legal a sus secretarios de Hacienda, Educación y Gobernación, violenta la autonomía de la Fiscalía General de la República y pretende pasar por encima de la autoridad del Poder Judicial con su memorándum para derogar la reforma educativa del gobierno pasado.
La evaluación es del tratadista constitucional Elisur Arteaga Nava, quien considera como "una provocación" el escrito que el presidente presentó el martes 16 mientras su gobierno y el Congreso llegan a un acuerdo "con maestros y padres" de familia para la contrarreforma que borre lo hecho por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
“No hay ninguna norma que faculte al presidente a dejar sin efectos las leyes y la Constitución”, dice el autor del primer tratado constitucional mexicano en relación con las disposiciones legales que se crearon con motivo de la reforma de 2013 a los artículos 3 y 73 de la Constitución Política.
El presidente dirigió el memorándum a sus secretarios de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa; de Educación Pública, Esteban Moctezuma; y de Gobernación, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, quien durante 15 años se dedicó a resolver juicios por violación a la Constitución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A la Secretaría de Hacienda, el presidente de la República le pide que la nómina del sector educativo quede bajo su control para “impedir prácticas patrimonialistas, ‘aviadores’ y cualquier otra forma de corrupción”. La nómina magisterial ahora se ejerce a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa, en el que participan Hacienda, la SEP y los gobiernos de los estados.
De acuerdo con el deseo del presidente, Esteban Moctezuma, en la SEP deberá administrar las plazas magisteriales para evitar que se trafique con ellas y garantizar la contratación de egresados de las normales públicas.
En el caso de Gobernación, le pide a Sánchez Cordero actuar “para poner en libertad a la brevedad a maestros y luchadores sociales que aún se encuentre en prisión por haberse opuesto a la susodicha reforma".
De paso, López Obrador le pide también a Sánchez Cordero "retirar las imputaciones legales formuladas por instancias del gobierno federal para castigar activismos pacíficos en lo político, social, laboral, ambiental, agrario y de defensa del territorio". Además, le dice que debe indemnizar a los familiares de quienes perdieron la vida "por la política autoritaria que prevaleció en los...
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