México, en un vacío de poder que llena la delincuencia
| Autor | Jesusa Cervantes |
El priista Enrique Peña Nieto no sólo sumó a las pifias de su predecesor "la represión social" contra grupos que buscaban detener las violaciones masivas a derechos humanos; también se metió a negociar con grupos criminales. El resultado: más fosas y más desapariciones forzadas.
Así resume Edgardo Buscaglia lo que ha pasado en México durante los últimos dos sexenios. Y advierte: las desapariciones forzadas en el país no son producto de una junta militar, sino de "un fenómeno atomizado" que se va trasladando de un lugar a otro. Forman parte de la corrupción y la impunidad donde 99.9% de los casos no se resuelven.
Según el especialista en seguridad, prevención y combate al delito, temas en los que ha asesorado a países de cuatro continentes, eso es resultado del vacío de poder. "Estamos ante un Estado fragmentado donde algunos sectores se asocian a los grupos criminales; otros luchan contra ellos, y así como hay policías que combaten a cárteles de la droga, otros se les alinean".
E insiste: las desapariciones forzadas empiezan a darse de manera fragmentada en todo el país. "A veces son periodistas; otras, activistas sociales: otras, empresarios que se niegan a ser extorsionados, otras pueden ser entre los mismos delincuentes".
En junio de 2013 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contabilizó 27 mil 243, cifra similar a la que reportó la Secretaría de Gobernación: 27 mil 523.
En marzo de 2016, el gobierno de Enrique Peña Nieto, por medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, admitió que la cifra creció a 28 mil 161 personas. A ellas habría que sumar las 43 desapariciones forzadas de los estudiantes de Ayotzinapa.
Ellos fueron calcinados por el grupo criminal Guerreros Unidos, según "la verdad histórica" construida por Tomás Zerón cuando fue titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República. Hoy, este personaje es secretario técnico del secretariado encargado de contabilizar a los desaparecidos.
"Pax" mafiosa
Edgardo Buscaglia sostiene que, antes de combatir a la delincuencia organizada y "lanzar a las Fuerzas Armadas o policiacas a la calle, primero se debe limpiar mínimamente al Estado", algo que no hizo Calderón. Y, añade, deben establecerse controles patrimoniales democráticos a funcionarios y policías, así como una ley de extinción de dominio que apliquen las unidades de investigación patrimonial autónomas en cada entidad federativa que trabajen en red.
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