Michoacán: otro crimen de policías, otra mentira oficial
| Autor | Jesusa Cervantes |
Los levantaron, los entregaron al crimen organizado, los ejecutaron y los quemaron durante una madrugada lluviosa del pasado mes de julio. A dos años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Guerrero, el crimen organizado y el poder político se mezclaron de nuevo para desaparecer y matar a 10 habitantes del municipio de Alvaro Obre-gón, Michoacán.
Igual que en el caso de Ayotzinapa, las autoridades -en este caso las judiciales de Michoacán- difundieron una "verdad" que no convence a las familias de las víctimas, quienes han realizado cuatro manifestaciones para pedir que se esclarezcan los hechos.
La versión oficial está llena de contradicciones, como lo muestra el expediente MOR/053/06913/2016.
El pasado 29 de julio, aproximadamente a las 11 de la noche, 10 hombres fueron levantados por policías de Alvaro Obregón y ministeriales vestidos de civil. Según cuatro personas que alcanzaron a resguardarse en el interior de la tienda Los Arcos -adonde llegaron primero tres de las víctimas y después otras siete a comprar cervezas- los municipales llegaron al lugar en sus patrullas y los estatales en autos particulares. Ahí detuvieron a los 10 y los golpearon antes de llevárselos con rumbo desconocido.
Al siguiente día, el 30 de julio, apareció una decena de cadáveres en una camioneta Tacoma, calcinada con todo y cuerpos. Los peritos forenses comprobaron que cuatro de ellos recibieron disparos y uno estaba fuera de la camioneta pero igualmente carbonizado.
Según el expediente de la Fiscalía Especializada de Homicidios, el grupo fue ejecutado en un paraje cercano a La Ciénega, del municipio de Cuitzeo, colindante con Alvaro Obregón. Ahí quemaron la camioneta y los cadáveres.
El gobernador de Michoacán, el perre-dista Silvano Aureoles, se apresuró a informar el 1 de agosto que se trató de una explosión por "ordeña de combustible". Luego reveló que los agentes estaban involucrados, "incluido un elemento de la Policía Ministerial del estado". Después sostuvo que "aparecieron indicios" de que el presidente municipal de Alvaro Obregón, Juan Carlos Arreygue Núñez, "tenía algunos vínculos con grupos de la delincuencia organizada".
Finalmente Aureoles indicó: "Todo parece indicar que es una disputa por el territorio para la venta o distribución de droga". Esto indignó a los familiares de los asesinados, quienes rechazaron la versión en diversos medios.
De los 10 ejecutados, sólo Luis Alberto López Guillen tenía cierta solvencia económica. Uno más padecía retraso mental y los otros eran un operador de maquinaria pesada, tres estudiantes y jornaleros, dos ayudantes de soldador y uno más era el chofer del hijo del presidente municipal, aunque en el caso de este último persisten dudas de que el cuerpo mostrado a los familiares sea el suyo, pues fue el único al que no se le realizó prueba genética.
El alcalde señalado
El gobernador Aureoles señaló por el crimen a policías municipales y a un par de ministeriales, e hizo lo mismo con el alcalde de Alvaro Obregón, Juan Carlos Arreygue Núñez.
A éste se le...
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