Las mineras y el gobierno, vampiros insaciables

AutorMathieu Tourliere

La promesa de que el desarrollo y la abundancia vendrán de la mano de proyectos mineros es un engaño: los municipios de Mazapil, Zacatecas; Ocampo, Sonora; o Eduardo Neri, Guerrero, se dedican a la extracción de oro desde hace décadas, y más de 20% de su población vive en la pobreza extrema.

Más de la mitad de los 22 municipios mexicanos que concentran la producción nacional de oro sufre una tasa de pobreza extrema mayor al promedio nacional, y 76% de ellos rebasa el promedio nacional de población en situación de pobreza, según el Anuario 2016 de las actividades extractivas en México, que publicó la organización Fundar la semana pasada.

"Nos arriesgamos a poner este tipo de datos porque son centros históricos de producción minera, algunos de esos municipios han extraído oro desde principios de siglo, los proyectos mineros siempre se presentan bajo el discurso del desarrollo, que es en realidad un mito", explica la investigadora Beatriz Olivera, una de las autoras del informe, en entrevista.

Según Olivera, llegó el momento de reflexionar sobre el trato que goza la minería en el país, pues la extracción de minerales es una de las actividades más contaminantes y generadoras de conñictos sociales en el país, y -en contraste- el sector minero contribuyó con apenas 0.32% de los ingresos del gobierno federal en 2016.

La Secretaría de Economía (SE), que regula el sector minero en México, cierra los ojos ante los abusos de las empresas desde hace años: no sanciona a las que evaden impuestos, no inspecciona las obras ni tampoco lleva un registro detallado de los consorcios mineros, pese a las reiteradas observaciones y recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en los últimos ocho años.

En 2015, por ejemplo, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) cobró derechos adicionales apenas a una de cada 10 empresas obligadas, y la SE no tomó medidas para sancionar a las que omitieron el pago.

Para colmo, el año pasado fue la ASF la que identificó a por lo menos 59 empresas y grupos mineros que evadieron "presuntamente" el pago de derechos mineros, y exigió al SAT que las investigara.

Entre ellas destacan subsidiarias de poderosas empresas mexicanas, ya sea Grupo México (propiedad de Germán Larrea) o Industrias Peñoles (de Alberto Bai-lleres), empresas de capital canadiense como Gold Resources Corporation o Ar-gonaut Gold Inc., y gigantes internacionales de la minería y la metalurgia como ArcelorMittal.

Según Olivera, este andamiaje institucional fue "probablemente" diseñado para ser ineficiente. "Lo que podemos afirmar es que las empresas mineras actúan en este país con muchísima impunidad, escudándose detrás del argumento de los empleos. Pero es cínica y descarada en este sentido", añade.

Trato de favor

Grupo México pagó una multa de apenas 23 millones de pesos por...

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