Mineras que se nutren de muerte

AutorJuan Alberto Cedillo y Arturo Rodríguez García

La mañana del 25 de julio pasado, Gloria Arellano se enteró de que su hijo José Fidencio Sánchez Arellano había muerto en un accidente minero. Era el primer día de trabajo del joven en un poci-to carbonero de la Compañía Minera Progreso que semanas antes había sido inspeccionado en 16 ocasiones. Por no tener salida de emergencia, los inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) la clausuraron.

Federico Quintanilla, exalcalde priis-ta de Progreso, Coahuila, es el dueño de la empresa y no le importó la clausura. Siguió bajando mineros hasta el fondo sin medir la presencia de gas grisú, que por su explosividad es una de las principales causas de accidentes. La operación ilegal de la mina ocasionó la explosión que mató a José Fidencio y a seis de sus compañeros.

Ésta no fue la primera ocasión en que los pocitos carboneros enlutaron a Gloria. Dos años antes, el 30 de julio de 2010, Ramón, otro de sus hijos, perdió la vida en el rudimentario e inseguro pocito Boker. Los tres huérfanos que dejó quedaron al cuidado de Gloria, quien desde entonces participa en la organización Familia de Pasta de Conchos (FPC) exigiendo seguridad en las minas.

El luto es comunitario. La región carbonífera -integrada por cinco municipios y alrededor de 170 mil habitantes- tiene como motor económico la minería, y la tragedia se repite una y otra vez en los mismos pueblos y las mismas familias.

La comunidad de La Florida, donde se ubica el pocito letal ha registrado al menos cuatro accidentes mortales en distintas exploraciones a lo largo de un lustro. El accidente del 25 de julio es uno de los cuatro que provocaron el fallecimiento de 15 trabajadores en 15 días.

Desde la explosión en la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos -ocurrida el 19 de febrero de 2006 y donde perecieron 65 obreros- hasta la fecha, suman ya 148 muertos por inseguridad laboral en los procesos del carbón.

El 20 de julio, en la comunidad mineral de Agujita, murieron dos trabajadores en un túnel propiedad de las familias González Garza y Montemayor, en cuyas instalaciones hubo otro percance, el 3 de mayo de 2011, que ocasionó la muerte de 14 trabajadores y la amputación del brazo de un menor (Proceso 1801 y 1805).

El siniestro más reciente ocurrió el viernes 3 y cobró la vida de seis personas. Ese día el estallido fue en la Mina VII "Sal-tillito", la más tecnificada y "segura" de la región. El complejo pertenece a Minera del Norte (Minosa), subsidiaria de Altos Hornos de México...

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