Un mito, la idea del DF "seguro"
| Autor | Gloria Leticia Díaz |
El homicidio múltiple de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, puso en alerta a organizaciones defensoras de los derechos de la libertad de expresión ante el recrudecimiento de la violencia contra el gremio periodístico durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto.
La muerte por demás violenta del fo-torreportero Rubén Espinosa Becerril, colaborador de Proceso y de la agencia Cuar-toscuro, y cuatro mujeres, entre ellas la activista Nadia Vera, dejó claro también que el Distrito Federal dejó de ser la "isla" segura para periodistas amenazados en estados como Veracruz, uno de los más hostiles para ejercer ese oficio en los dominios de Javier Duarte.
Entrevistados por separado, representantes de organizaciones sociales y funcionarios de las comisiones de derechos humanos nacional y del Distrito Federal, coinciden: las señales de alarma por la vulnerabilidad de los comunicadores se advierten en datos oficiales, sin que observen acciones institucionales encaminadas a revertir la "impunidad crónica".
Mariclaire Acota Urquidi, directora en México de Freedom House, relata que desde 2011 la organización internacional ha catalogado al país como "no libre" en materia de libertad de expresión, entre otros motivos por "un entorno político en el que prevalece la impunidad, corrupción y violencia contra periodistas".
Decana de los defensores de derechos humanos, Acosta Urquidi sostiene que en los tres primeros años del gobierno de Peña Nieto se detecta "un incremento indudable" de agresiones a reporteros. Y aunque se les ha dado "mayor visibilidad", eso no significa que se haga justicia.
"Mientras no se investiguen debidamente los crímenes contra periodistas y se relacionen estos homicidios y estas agresiones con el trabajo de las víctimas, no va a haber avance en materia de libertad de prensa porque la señal que se manda es poderosísima: se puede matar periodistas y no pasa nada", alerta.
Resalta que frente a la pasividad institucional "la sociedad mexicana empieza a tomar conciencia de lo grave que es asesinar comunicadores y defensores de derechos humanos". Prueba de ello, dice, es la "consternación generalizada, no sólo dentro del país sino también fuera", sobre todo con los asesinatos de la colonia Narvarte.
Acosta Urquidi lamenta que la colaboración con el gobierno federal no se traduzca en abatimiento de la impunidad y protección efectiva.
Recuerda que Freedom House y otras organizaciones sociales empujaron reformas al artículo 73 de...
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