El mito del "infiltrado" en Los Pinos

AutorGloria Leticia Díaz

En 2007 el mayor Arturo González Rodríguez denunció a un general del Ejército por presuntos actos de corrupción y abuso de autoridad, después de lo cual él mismo fue acusado de supuestos vínculos con el crimen organizado. El denunciante se halla recluido en la cárcel de máxima seguridad de El Rincón, Nayarit, desde marzo de 2009.

El 12 de agosto de 2008, ante la Subpro-curaduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), el testigo protegido Jennifer -llamado Roberto López Nájera y quien fue colaborador de Edgar Valdez Villarreal, La Barbie- acusó a González Rodríguez de tener nexos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva. El testimonio consta en el expediente PGR/ SIEDO/UEIDCS/0241/2008.

En diciembre de 2008 (edición 1677) Proceso reprodujo parte del testimonio de Jennifer, en un reportaje de Ricardo Ravelo. Según el testigo protegido, González cobraba 100 mil dólares al mes "por mantener informados a los Beltrán Leyva de las tareas presidenciales y de las actividades de las secciones séptima y segunda de la Sedeña, al tener responsabilidades especiales en el equipo de seguridad presidencial".

El testigo también acusaba a González de reclutar a militares como sicarios e informantes, de tener una empresa de seguridad y de entrenar a gatilleros, lo mismo del cártel de los Beltrán que de Los Zetas, en un rancho de su propiedad.

Jennifer decía haber conocido a González Rodríguez en la Ciudad de México, éste ya con el grado de mayor en 2004, y que en 2006, aseguraba, el militar empezó a trabajar para los Beltrán.

El oficial fue detenido el 23 de diciembre de 2008 en San Quintín, Chiapas, a donde había sido trasferido en septiembre de ese año después de pertenecer al Primer Batallón de Infantería del Cuerpo de Guardias Presidenciales (CGP) en la Ciudad de México, bajo las órdenes del general Roberto Dawe González.

El traslado a Chiapas fue sorpresivo para el mayor, quien el 16 de septiembre de 2008 envió un documento al comandante del CGP, general Jaime Godínez Ruiz, en el que hizo una detallada relatoría de su trabajo en esa dependencia y de las diferencias que tuvo con Dawe; por ejemplo, sostuvo que este último solía ordenarle dar de baja vehículos militares para venderlos como chatarra a un civil llamado Pedro Al-varado Ambrosio.

Según el testimonio de González, tiempo después de que el general Dawe asumió el cargo de comandante de la Compañía del Cuartel General del CGP, en agosto de 2007, él le ordenó dar de baja unos vehículos VAM con la finalidad de que el propio general adquiriera uno.

Días después, prosigue González, llegó al cuartel el señor Pedro Alvarado "para ver...

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