Mitos y verdades del Plan de Paz y Seguridad
| Autor | Ernesto Villanueva |
Primero. Es una mentira reiterada por los detractores de AMLO que el Plan de Paz y Seguridad propuesto es muestra del autoritarismo que viene y que delega en las Fuerzas Armadas la integración del grupo de combate al delito. De entrada el concepto de Guardia Nacional está previsto en los artículos 89, fracción VII, y 76, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con antelación a la referencia que hace del concepto el próximo titular del Ejecutivo.
Los artículos referidos le otorgan atribuciones al presidente de la República, en acuerdo con el Senado, de tomar esa decisión. Así, la medida se ajusta en estricto derecho al mandato constitucional sin violación normativa alguna, pero puede perfeccionarse mediante reformas constitucionales si el poder reformador de la Constitución lo considera pertinente.
Segundo. Se dice -y también se falta a la verdad con esa afirmación- que serán los militares, no un civil, quienes dirijan esa Guardia Nacional. ¿Quién, con un mínimo de instrucción, podría ignorar que el presidente de la República, que es un civil, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, según lo dispuesto en el Artículo 89, fracción VI, de la Constitución? A mayor claridad, el artículo 11 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos establece: "El Mando Supremo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos corresponde al Presidente de la República, quien lo ejercerá por sí o a través del Secretario de la Defensa Nacional; para el efecto, durante su mandato se le denominará Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas".
El Plan prevé 266 coordinaciones regionales, teniendo como titular a un civil y participación de autoridades civiles, militares e invitación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organismos civiles.
Tercero. Según un reporte preparado para el Congreso de Estados Unidos sobre el crimen organizado en México, sólo parcialmente tres estados no tienen una presencia dominante de cárteles: la Ciudad de México, Oaxaca y Chiapas. En otras palabras, en 29 de 32 entidades federativas dominan o cogobiernan con las autoridades las diversas expresiones de empresarios de este giro de negocios que día con día no sólo atiende el relativo al tráfico de drogas, sino que se ha diversificado incluyendo secuestros, extorsiones, tráfico de órganos y de personas y el denominado cobro por derecho de piso (https://fas.org/sgp/crs/row/R41576.pdf, p. 12). Sobra decir que ni Morena ni AMLO intervinieron...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba