Monopolio transportista con aval del gobierno

En México, la delincuencia organizada no es la única que controla rutas. Grandes empresas del transporte terrestre de pasajeros se han constituido en una poderosa fuerza económica que en el sexenio de Enrique Peña Nieto gozó de protección política para no perder ni un tramo de ese lucrativo mercado.

Casi todos los mexicanos tienen que recurrir a las líneas de autobuses para viajar de una ciudad a otra. Nueve de cada 10. El año pasado, casi 3 mil 700 millones de usuarios les compraron un boleto. Sus ingresos están más que asegurados. La falta de competencia, también.

El valor del mercado y la identidad de quienes lo controlan es un dato que ninguna instancia quiere transparentar, ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ni la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasajero y Turismo (Cana-pat), que está en manos de las grandes empresas del ramo.

En la SCT, los funcionarios encargados durante este sexenio del rubro de autotransporte terrestre fueron personas del primer círculo político y familiar de Peña Nieto, incluido un hermano de Alfredo del Mazo Maza, actual gobernador del Estado de México y primo del presidente de la República.

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició en noviembre pasado una investigación por una "posible existencia de prácticas monopólicas absolutas"; es decir, un control para impedir la llegada de competidores en la red de carreteras, sobre todo del centro del país hacia la frontera con Guatemala y Belice. También incluye un tramo del noreste, en el Golfo de México.

La Cofece emprendió la investigación a partir de "indicios" de lo que pasa en el servicio de autotransporte de pasajeros en las regiones centro, centro-sur, sur-sureste 2, y el estado de Tamaulipas. Esas regiones comprenden la Ciudad de México y el Estado de México; Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala; y Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. En pocas palabras, la mitad de la República Mexicana.

Esas rutas dejan multimillonarios ingresos, aunque oficialmente no se sabe a quiénes ni cuánto. En la Estadística básica 2017 disponible en su página, la SCT informa que seis de cada 10 autobuses pertenecen a las grandes empresas, pero no detalla cuáles son éstas y en dónde tienen el control.

De acuerdo con el organismo encargado de fomentar la competencia, el año pasado cerca de 3 mil 700 millones de personas usaron las líneas de autobuses en todo el país. Eso representa 95.8% de todas las personas que viajaron por carretera. La propia Canapat ha estimado el impacto económico del transporte de pasajeros en carreteras: en 2015 contribuyó con 2.8% del Producto Interno Bruto (PIB). Pero cuando se le requiere información sobre las empresas que controlan el mercado, remite a la SCT.

La Ley Federal de Competencia Económica identifica como agentes económicos sujetos a investigación a las empresas, a las cámaras empresariales y a las autoridades que impidan la libre competencia al permitir la concentración de mercados.

La investigación de la Cofece sobre las "posibles prácticas monopólicas absolutas" en esas rutas...

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