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Sobre Morena y la Consulta Popular

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Vincent

Sr. director:

Desde la primera Consulta Popular que promovió Morena contra el resultado de la Reforma Energética de 2013, que fue engendro del Pacto por México de Peña Nieto con el PAN, PRI, PRD y PVEM y que cooptó al Poder Legislativo para realizarla, ahora sabemos que con dinero de Odebrecht el partido inauguró la conquista ciudadana, cuya ley reglamentaria se había aprobado apenas en marzo de 2014. Después de lo infructuoso del plantón frente a la Cámara de Senadores, se reunieron el millón y medio de firmas requeridas, y el IFE-INE validó su autenticidad. El propio Congreso aceptó la pregunta "Si o No" a la aprobación de la Reforma Energética. Se envió a la Suprema Corte para su revisión constitucional y ésta la rechazó por 10 votos contra uno (el del ministro José Ramón Cossío).

La ponente fue la ministra Olga Sánchez Cordero, que sostenía la improcedencia porque la materia de ingresos y gastos del Estado no podía someterse a Consulta Popular. Dicha interpretación fue artificiosa, toda vez que el tema de fondo era el que se consideraba que la reforma tendría resultados contraproducentes para el desarrollo de México y el resguardo de su soberanía; que si bien Pemex padecía la mayor corrupción y era víctima del deliberado propósito de su directiva en complicidad con contratistas seleccionados y el mismo sindicato venal para sepultarla; la solución, en cambio, era su rescate para la reconversión histórica en motor de impulso de la economía mixta para que el sector público, social y privado compartieran la responsabilidad de su conducción a dicho fin. Era ineludible entonces regresar las reformas constitucionales al Legislativo para una nueva discusión que pudiera reconvenir los términos con el propósito de evitar el desenlace que hoy presenta.

El pacto peñista dio resultados. La Corte se plegó y se canceló el último reducto para revertir el daño. Los ministros cerraron el caso sin la menor resistencia.

En el Comité Ejecutivo Nacional de Morena se nos encomendó preparar el recurso de juicio político contra los 10 ministros que, conforme al artículo 108 constitucional (y convenios internacionales ratificados), son sujetos de la Ley de Responsabilidades y, para el caso, de juicio político.

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