Del movimiento #MeTooMx sobre las cartas de Leonardo Valero y Mario Jaime Ramírez
Señor director:
Ambas cartas sostienen la afectación a sus derechos a partir de denuncias por hostigamiento y acoso sexual; lo hacen con argumentos en los que se identifican falsas desigualdades y con impactos desproporcionados que mantienen privilegios que ellos no logran visibilizar.
El delito de acoso sexual, en la Ciudad de México, es un delito que se persigue por querella. Es decir, es derecho de la víctima decidir si denuncia o no, y escoger la vía por la cual puede hacerlo: penal, laboral, las administrativas o, por medio de expresiones públicas. Cada tipo de denuncia tiene límites en cuanto a sus alcances y consecuencias.
Si una víctima de hostigamiento sexual decide no denunciar por la vía penal, ninguna persona o autoridad puede obligarla a presentar dicha denuncia. Ni siquiera perturbar su paz para informarle que alguien quisiera que denunciara por esa vía. En ese sentido, plantear una "autodenuncia" para intentar que la autoridad de procuración de justicia perturbe a la víctima para saber si ésta quiere denunciar, invitarla a denunciar o cualquier otro tipo de eufemismo, implica un nuevo acto de hostigamiento. Sobre todo, cuando la víctima ya presentó una denuncia formal ante otras autoridades, y el denunciado lo sabe.
Una autoridad que recibe una "autodenuncia" sin aclararle al denunciado los derechos de las víctimas ni sus límites en los delitos de querella, es una autoridad que fomenta privilegios para quienes históricamente han ostentado la exclusividad en la escucha y credibilidad de su palabra en el ámbito legal.
Dicha actitud se ha traducido en la crimi-nalización de las mujeres que ponen límites a la discriminación y la violencia, así como en los severos obstáculos que existen para las denunciantes hacia un verdadero acceso a la justicia.
El hecho de que la autoridad no haya realizado esta aclaración y acepte "autodenuncias", constituye actos de violencia institu-[ cional y consolida un orden social de discriminación y desigualdad.
Insistir, además, en que la autoridad penal sea la que establezca la verdad de los hechos, es ignorar todas las otras vías de investigación y resolución de justicia que también establecen la verdad, de acuerdo con lo que corresponde a su competencia.
De igual manera, es una forma de violar los derechos de las víctimas y presionar sobre un tipo de consecuencia e impacto que la...
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