Estímulos para la destrucción
| Autor | Patricia Davila |
Agrega que al facultar a los titulares de concesiones a realizar estas actividades, la ley minera no pone restricciones; los trabajos en las presas de jale o presas de relave son regulados por la Norma Oficial Mexicana 141 (NOM 141).
Al recibir una solicitud, dice, la Secretaría de Economía (SE) revisa que no colinde con otra concesión, pero no verifica si está delimitada sobre áreas naturales protegidas, mantos acuíferos, zonas de estrés hídrico, sitios arqueológicos e incluso poblaciones. Solamente, indica, se le pide al solicitante que sea una persona física de nacionalidad mexicana o una persona moral registrada en México, no importa si el capital es extranjero. La SE entrega cualquier terreno en concesión 50 años con posibilidad de prórroga.
-¿Aunque los poseedores de la tierra no quieran? -se le pregunta.
-Este es el problema: se puede entregar una concesión minera sin que el concesionario tenga una sola propiedad en el polígono cedido. Para esto, el artículo VI de la ley minera establece que esta actividad tiene preferencia sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, por encima de actividades de producción de alimentos o manufactura.
"El artículo VI señala que estas actividades serán consideradas de utilidad pública. Este concepto fue un punto controvertido de la ley de hidrocarburos recién aprobada, porque una vez establecido que son actividades de utilidad pública, se justifica jurídicamente diciendo que en teoría la nación mexicana quiere que estos bienes se exploten, y se le permite al concesionario la posibilidad de expropiar o de constituir una servidumbre de paso; una figura sin precedente porque sólo existe en la ley minera y consiste en realizar una ocupación temporal del terreno a cambio de una contraprestación fijada por la empresa minera."
-¿La regulación y la supervisión tienen que estar presentes?
-Sí, pero la regulación va por otra vía. La SE está facultada para inspeccionar las minas. Según la Auditoría Superior de la Federación, en su informe de 2012, la SE inspeccionó poco más de 2% de las concesiones mineras vigentes, es decir que 98% no fue visitado.
Por eso considera que actualmente la política federal muestra una tendencia des-regulatoria, de hacer retroceder al Estado y permitir una situación casi idílica para las empresas. Esta sería la razón de que se le otorguen pocos recursos a la Dirección General de Regulación Minera de la SE.
En 2012 había 26 mil 997 concesiones mineras, que abarcaban 15.88%...
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