Nadie quiere a los militares como policías
| Autor | Gloria Leticia Díaz |
Mientras en la Cámara de Diputados se determinó suspender por el momento el proceso de aprobación de la Ley de Seguridad Interior, voces de defensores de los derechos humanos se siguen sumando al rechazo a normalizar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, ante las evidencias de abusos contra la población civil.
Los cuestionamientos sobre la efectividad de mantener el despliegue castrense al frente de la seguridad se aceleraron tras el operativo de la Secretaría de Marina (Se-mar) enTepic para abatir a 13 personas, entre ellas un presunto lugarteniente del Cártel de los Beltrán Leyva, el jueves 9.
El martes 14 el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, informó que pese a que el organismo no había recibido quejas por los hechos en Nayarit, estaba investigando el asunto, al tiempo que se sumó a las exigencias de organizaciones civiles dirigidas a los legisladores para abrir la discusión sobre la pertinencia de mantener a las Fuerzas Armadas al frente de la seguridad.
González Pérez dijo: "Ninguna regulación debe trasgredir competencias y sobre todo el respeto de los derechos humanos; ninguna regulación puede facilitar que haya torturas, que haya desapariciones, que haya detenciones arbitrarias". Añadió que la seguridad pública debe "tener un eje a partir de la autoridad civil".
Horas antes, miembros de organizaciones civiles y académicos habían exhortado públicamente a los legisladores a "detener" las iniciativas de la Ley de Seguridad Interior.
Entrevistados por Proceso, defensores de los derechos humanos -algunos de ellos han litigado casos relacionados con abusos cometidos por militares- exponen parte de la experiencia empírica que fundamenta su oposición a la pretensión de mantener a las Fuerzas Armadas en las calles.
Desde la Guerra Sucia
Con una lista de siete casos relacionados con detenciones arbitrarias, tortura y violación sexual en instalaciones castrenses en Baja California y San Luis Potosí, así como desapariciones forzadas, ejecución extrajudicial e inhumación clandestina en Morelos y Michoacán durante la guerra contra el narcotráfico, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) ha representado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a la familia de Rosendo Radilla, desaparecido por soldados durante la Guerra Sucia en Guerrero, y a las hermanas González Pérez, indígenas tzel-tales violadas por militares en Chiapas, en el contexto del alzamiento zapatista.
Su director ejecutivo, José Antonio Guevara Bermúdez, sostiene que "el patrón es que el Ejército en tareas de seguridad interior o de seguridad pública tortura, mata, desaparece; hace creer a la opinión pública que las víctimas son integrantes de la delincuencia organizada; fabrica casos en la supuesta lucha contra las drogas".
Si las víctimas sobrevivientes o sus familiares deciden denunciar, agrega, los integrantes de las Fuerzas Armadas "destruyen evidencia, obstaculizan o no colaboran con las...
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