El narconegocio del hierro, con protección gubernamental
| Autor | Arturo Rodríguez y Pedro Zamora |
Una red transoceánica de tráfico de mineral de hierro robado o extraído de yacimientos irregulares ha sido posible gracias a la protección de autoridades mexicanas, las cuales -por omisiones, sobreseimiento de denuncias y desestimación de señalamientos- contribuyen a un negocio que se estima arrojó ganancias por mil millones de dólares apenas en un lustro.
Más allá de los informes del comisio-nado para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, respecto a los operativos federales en los cuales se ha decomisado mineral robado, la postura asumida por los diferentes órdenes de gobierno respecto al problema, señaladamente en cuanto a la zona minera de Colima y el puerto de Manzanillo, indica que la impunidad continúa.
Las denuncias por explotaciones ilegales de hierro, así como por las operaciones presumiblemente de cárteles de la droga implicados directamente en el tráfico del mineral, se han acumulado desde 2008, la mayoría de las veces sin resultados.
Sin embargo no fue sino hasta noviembre de 2013 cuando la Secretaría de Marina tomó el control del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y el pasado 1 de abril, cuando asumió el de Manzanillo.
El martes 10 de junio el comisionado Castillo hizo públicos los resultados de las operaciones contra el tráfico ilegal, al cual calificó de "delito contra la riqueza nacional": el aseguramiento de 720 mil toneladas de hierro que, según sus datos, realizó en los últimos meses la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profe-pa), en coordinación con otras entidades gubernamentales.
Según Castillo, los datos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional estimaban en 70 millones de dólares los ingresos ilegales obtenidos entre los grupos delictivos y la estructura de transportistas que movilizaban el mineral.
En realidad se trató de unos cuantos operativos entre febrero y mayo pasados, algunos por inspecciones de otros ilícitos, como ocurrió el pasado 12 de marzo en Manzanillo, que no fue producto de labor de inteligencia sino de la casualidad, pues estaba dirigido a una bodega donde se suponía había madera producto de la tala clandestina, informó el gobernador colimense, Mario Anguiano, el 13 de marzo.
De cualquier manera la cifra es irrisoria si se compara con los 10 millones de toneladas que la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero) estiman se han robado o extraído ilegal-mente en los últimos cinco años en la región y cuyo valor es de unos mil millones de dólares.
Lázaro Cárdenas-Manzanillo
En contraste con las cifras oficiales y la promesa de inspeccionar las más de mil 200 minas del país que hiciera el titular de la Profepa, Guillermo Haro Bélchez, de Lázaro Cárdenas y Tierra Caliente a Manzanillo y el municipio colimense de Mi-natitlán, la extracción...
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