Nestora en Tepepan
| Autor | Marta Lamas |
El caso de Nestora, un ejemplo del entramado de venganza política y corrupción que sigue operando en Guerrero al margen del gobierno interino de Rogelio Ortega, tiene dos vertientes: una jurídica y otra política. El aspecto jurídico está plagado de errores y hay una clara ausencia de debido proceso: Los cargos que se le imputan están basados en pruebas ilegales (a las "víctimas" las arraigaron y les tomaron declaración sin seguir el proceso legal); la trasladaron a Tepic antes de que se cumplieran las 72 horas de su primera declaración, por lo cual su abogado de oficio no tuvo posibilidad de presentar recursos; estuvo ilegalmente en Tepic casi un año sin que existiera orden judicial para ello; y, muy impactante, ninguno de sus acusadores se ha presentado a ratificar la denuncia en su contra, pese a que fueron citados. Además, al ser ciudadana de Estados Unidos, ella nunca tuvo acceso a asistencia consular, pese a que la justicia mexicana conoció de su calidad de estadunidense.
Por el lado político, es evidente que, al pretender limpiar de droga y de corrupción a su comunidad de Olinalá, Nestora afectó intereses, y esto no se lo perdonan. Para librarse de ella se le levantaron cargos por "secuestradora". Me parece inconcebible que la justicia no sea capaz de ver que una mexicana que luego de años de trabajo en Estados Unidos logra no sólo una buena situación económica, sino incluso la nacionalidad, no va a venir a su comunidad a "secuestrar" personas. Desde hacía tiempo Nestora había estado mandando recursos para apoyar a Olinalá, y se fue ganando un lugar de li-derazgo comunitario, que culminó con su nombramiento como comandante de la Policía Comunitaria. No hay que olvidar que en Guerrero la Policía Comunitaria existe desde 1995 y que partir de la Ley de Seguridad Pública aprobada en 2007 se le reconoce su carácter de policía preventiva y auxiliar en los municipios, sujeta a los lineamientos del ayuntamiento. Desde 2011 la Ley de Seguridad Pública reconoce que son actos de autoridad los ejercidos por la Policía Comunitaria en sus funciones, como la de detener a delincuentes en las Casas de Justicia.
Es un hecho que los secuestradores no llevan a sus víctimas a lugares conocidos y a la vista de todos. El síndico de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, acusado de estar involucrado en el asesinato de dos ganaderos y del robo de su ganado, fue trasladado a la Casa de Justicia, y las cuatro adolescentes que habían sido captadas para el comercio...
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