Ningunean al Instituto para la Seguridad de las Construcciones
| Autor | Sara Pantoja |
Según la ley que lo rige, ese organismo descentralizado, pero sectorizado a la Secretaría de Obras y Servicios, también tiene a su cargo la admisión, capacitación y evaluación de los directores responsables de obra (DRO) y corresponsables en materia de seguridad estructural, cuyas funciones, y hasta acusaciones de presunta corrupción, salieron a flote con el desastre que dejó el sismo del pasado 19 de septiembre, con 38 edificios derrumbados y miles más en condiciones inhabitables.
En entrevista, su director general, Renato Berrón Ruiz, reconoce que, desde antes del terremoto de hace ocho semanas, el ISC necesitaba mayor apoyo presupuestal y de personal especializado para fortalecer las acciones que le ayuden a supervisar el cumplimiento del Reglamento de Construcciones capitalino.
Tras la emergencia de septiembre pasado, afirma, esa necesidad se incrementó por los miles de capitalinos afectados en sus propiedades, sobre todo las construidas antes del sismo de 1985, cuando las reglas de construcción no eran tan estrictas.
"Podemos orientarlos, pero no tenemos la capacidad humana ni económica para hacer frente a todo esto. Es un mundo de edificios", asegura.
"Nos volvemos locos"
El 5 de noviembre de 2010, el gobierno de Marcelo Ebrard publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto por el que se expedía la ley que marcó el nacimiento del ISC. La iniciativa surgió del Comité Asesor de Seguridad Estructural, creado a raíz del sismo de 1985 y formado por 16 expertos en la materia.
"Desde entonces, los integrantes especialistas ya habían detectado que había problemas técnicos y de diseño en algunas obras que estaban en proceso de construcción y que era necesario tener un mecanismo de control más estricto y profundo, pues muchas construcciones no se estaban llevando a cabo como marcaba el reglamento vigente (de 1966)", explica Berrón Ruiz.
Para el 16 de mayo de 2012 el gobierno capitalino publicó una serie de reformas a la ley del instituto. Sin embargo, por "cuestión de papeleo administrativo" -según su titular-, no fue sino hasta junio de 2013, ya en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, cuando comenzó a operar y pudo echar mano de un presupuesto de apenas 19 millones 902 mil 216 pesos.
Al paso de los años, la asignación de recursos ha ido en aumento, aunque poco significativo: en 2014 le dieron 48 millones 513 mil 331 pesos; en 2015 fueron 50 millones 255 mil 917 pesos; para 2016, 50 millones 825 mil 903 pesos (apenas unos 570...
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