Contra los niños ¡no!

AutorErnesto Villanueva

Celebro y comparto la lucha del presidente López Obrador contra la corrupción. Me parece que en ese ánimo se inscribe la centralización de las compras en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para poder efectuar adquisiciones en las mejores condiciones del mercado (Se incluyen aquí las que hacían directamente los estados, donde había sobreprecios significativos en perjuicio del erario); representa, por ende, un parteaguas con el pasado inmediato y sus abusos endémicos. El diagnóstico es correcto, el camino adecuado, pero los tiempos y la planeación estratégica tienen varias oportunidades de mejoramiento. Eso pasa con los libros de texto gratuito.

En el caso de primaria se llevan seis libros por grado, lo que equivale a 36 libros anuales con tirajes de 2 millones 576 mil ejemplares, aproximadamente. La Conaliteg tiene una sola planta en Querétaro, con la que genera entre 15 y 18% del total requerido. La inmensa mayoría de los libros (poco más de 80 millones) se asigna a contratistas privados mediante licitaciones públicas, que en este caso organiza Hacienda a partir del presente gobierno con varios mecanismos de control para reducir la corrupción a su mínima expresión.

Esta nueva atribución de la SHCP no fue acompañada, sin embargo, de la reforma a la estructura del personal dedicado a la gestión de compras en la Oficialía Mayor de esa dependencia. Y ello ha generado un cuello de botella con efectos negativos.

Estoy convencido de que existen las mejores intenciones, pero los resultados amenazan con ser inversamente proporcionales al propósito inicial. En efecto, la concentración de compras de los más diversos rubros requiere de un trabajo simultáneo como si fuera, valga el comparativo, un circo de cinco pistas, no de una, como era antes en el diseño institucional del régimen anterior. Ahora debe adaptarse a la política pública del nuevo. Tradicionalmente el ciclo de producción, traslado y entrega de los libros de texto se iniciaba en octubre del año anterior para que estuvieran en las manos de todas las familias mexicanas con hijos en escuelas públicas o privadas el primer día de agosto del año siguiente.

Es entendible que por el cambio de gobierno y régimen hubiera modificaciones en ese ciclo, pero ello debió haberse atendido desde los primeros días de diciembre del año pasado y no se hizo. No fue sino hasta el 15 de marzo de este año cuando se empezó con la primera parte del ciclo.

La convicción (que comparto) de que había...

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