No militarizar la seguridad pública, sentencia la Corte Interamericana
| Autor | Gloria Leticia Díaz |
Mientras el gobierno de Andrés Manuel López Obrador opera con la aplanadora de Morena en el Congreso de la Unión para aprobar la reforma constitucional que permita la creación de la Guardia Nacional, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) retoma pronunciamientos para que los órganos de seguridad pública del país estén en manos de civiles y no de militares.
Dichos antecedentes provienen de oficinas y tratados de derechos humanos de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de otras resoluciones del mismo tribunal regional contra el Estado mexicano.
El pasado 20 de diciembre la CoIDH notificó que el Estado mexicano tiene "responsabilidad internacional por la desaparición forzada" de Nitza Paola Al-varado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, "así como la falta de investigación y esclarecimiento de los hechos" ocurridos el 29 de diciembre de 2009 en el ejido Benito Juárez de Buenaventura, Chihuahua, que involucran a militares que participaron en el Operativo Conjunto Chihuahua.
Esta sentencia es la primera que analiza las violaciones a derechos humanos cometidos en el contexto de la militarización de la seguridad pública, como parte de la estrategia de combate al crimen organizado, bautizada como "guerra contra el narcotráfico" en el sexenio de Felipe Calderón.
Los jueces del tribunal regional recuerdan que desde 2010 hay una manifiesta preocupación del Comité de Derechos Humanos de la ONU en relación con México "por el creciente número de denuncias de violaciones de derechos humanos a manos de elementos castrenses en los lugares en que se encontraban desplegados para garantizar el orden público, y recomendó que las tareas relacionadas con la seguridad pública y las investigaciones de denuncias de violaciones a los derechos humanos fuesen de competencia exclusiva de autoridades civiles".
Mientras los legisladores mexicanos buscar reformar la Constitución para militarizar la seguridad con la Guardia Nacional, la CoIDH considera que, "como regla general, el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos civiles", y recuerda que "el entrenamiento que reciben las fuerzas militares está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales".
La corte establece que, si las Fuerzas Armadas asumen tareas de seguridad, deben...
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