La noche del fuego

AutorMariano Albor

El reproche ha sido severo y bien fundado. La Organización de las Naciones Unidas ha reprendido con dureza al gobierno de la República por las actitudes que ha asumido en relación con los acontecimientos de la noche de Ayotzinapa. Rupert Colville, vocero del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, expresó la preocupación del organismo sobre el conflicto al que ha dado lugar el cerrojazo dado al Grupo Inter-disciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) dependiente de la Comisión Inte-ramericana de Derechos Humanos. Para ello, con el propósito de dar fuerza moral y jurídica a sus razones, recogió las tesis jurídicas y morales que publicó Proceso pocos días después de lo sucedido.

En la exposición argumental se hace un énfasis sobre la resistencia a investigar las conductas omisivas en que incurrieron los agentes de la autoridad federal y estatal, así como los miembros de las Fuerzas Armadas. En uno de los sentidos más relevantes de las imputaciones que formula el funcionario de la ONU, debe entenderse que uno de los problemas realmente relevantes para la investigación y determinación de las responsabilidades en este caso es el orden jurídico.

Ante las tesis publicadas por Proceso, las autoridades gubernamentales quedaron advertidas de que éste no es un caso que pueda reducirse a las fojas de un expediente penal. Intentarlo, como se ha hecho, ha dado lugar a todas las vicisitudes que se han padecido y han provocado al país. No pueden negar que se señaló de manera oportuna que la desaparición forzada o la muerte injusta de los muchachos mexicanos destruidos en Iguala provocaría una inquietud nacional e internacional, porque en la noche del fuego se despreció a los jóvenes, se afrentó a la dignidad de las personas y se atacó con fuerza desmedida la santidad de la vida humana.

La amplitud y profundidad histórica de los hechos, desde luego no descarta ni la interpretación del derecho ni la aplicación de la ley. Pero ambas actividades requieren conocimiento y destreza. Cuando el entonces procurador Jesús Murillo Karam extrajo el artilugio inservible de la "verdad histórica" del desvencijado baúl donde se guardan los cachivaches del derecho penal, puso en evidencia que como hombre de leyes -si alguna vez lo fue- había caducado, también mostró que en estos menesteres del derecho sin lecturas ni estudios es muy difícil andar los caminos espinosos de la teoría y la práctica en este campo jurídico. Más grave aún, creó una situación...

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