La norma 046
| Autor | Marta Lamas |
A finales de 1999 estalló el caso de Paulina, una adolescente de 13 años que se embarazó a raíz de una violación y a quien el director de un hospital público le negó practicarle el aborto legal que existe en todas las entidades federativas cuando el embarazo es producto de una violación. Su caso fue el ejemplo paradigmático de la enorme brecha entre la ley y la realidad, así como de la gravedad de las violaciones a los derechos humanos por el fanatismo religioso que priva entre algunos funcionarios del sector salud.
Apoyada primero por un grupo feminista de Baja California y posteriormente por GIRE y el Center for Reproductive Rights, Paulina inició un litigio por la conculcación de su derecho a abortar le-galmente. Para no cumplir el mandato legal de practicarle el aborto, el director del hospital público que le correspondía la llevó con un sacerdote para que la convenciera de no abortar, permitió que mujeres del grupo ProVida la atemorizaran con un video y finalmente asustó a la mamá diciéndole que existía el riesgo de que la adolescente muriera.
A partir de la denuncia y viendo que las autoridades no cumplían con la recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, ni con la emitida por la CNDH, Paulina fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con miras a llevar su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso despertó mucho interés, lo que preocupó al gobierno mexicano y la Secretaría de Relaciones Exteriores medió entre el gobierno de Baja California y Paulina, estableciendo un acuerdo que fue ratificado en Washington.
Entre los puntos del compromiso destaca el Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad que el gobierno de Baja California publicó en la prensa local y en el Diario Oficial de ese estado, en el cual acepta haber obstaculizado el derecho de Paulina.
Además dicho gobierno se comprometió a otorgar a Paulina una indemnización económica, y un conjunto de servicios y apoyos gubernamentales para vivienda y gastos para su hijo. Pero lo verdaderamente sustantivo fue que, entre las cuestiones exigidas por Paulina como reparación, se encontraban cambios relativos a políticas públicas y leyes "para que ninguna mujer sufriera en el futuro lo mismo que ella".
La Secretaría de Salud del gobierno federal se comprometió a revisar la NOM 90-SSA1-1999 relativa a la atención médica a la violencia. De esta revisión, surgió la NOM-046-SSA2-2005 sobre violencia...
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