Nueva campaña de intimidación contra Aristegui
| Autor | Jenaro Villamil |
El lunes 21 dos publicaciones del Grupo Notmusa divulgaron fotos y documentos del expediente arraigado en la Fiscalía Desconcentrada de la Delegación Alvaro Obregón y en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que informan sobre el allanamiento y robo a las oficinas del portal informativo Aristegui Noticias.
La irrupción ocurrió el domingo 13, entre las 15:00 y las 17:00 horas, pero fue la "filtración" la que prendió los focos rojos en los medios de comunicación, en el propio equipo de la comunicadora Carmen Aristegui y en Los Pinos.
De acuerdo con información obtenida por este reportero, el miércoles 23 miembros del staff de la Presidencia de la República tuvieron una reunión de última hora para discutir la posición que debía adoptar el gobierno federal frente a este nuevo episodio de violencia contra Aristegui.
Hubo quien propuso que el presidente Enrique Peña Nieto condenara estos hechos y todos los agravios a periodistas en México, pero ganó la posición contraria, de que se abstuviera de intervenir, con el argumento de que el mandatario no debe inmiscuirse en "asuntos privados". Así ocurrió también cuando estalló el conñicto entre la comunicadora y el Grupo MVS.
Ante la violación de la secrecía de una investigación en curso y en manos de la procuraduría capitalina, Aristegui decidió difundir en su propio portal la información del robo, así como las imágenes captadas por las nueve cámaras de seguridad que grabaron a los cinco sujetos que participaron en el allanamiento y nunca cubrieron sus rostros, como si se sintieran impunes.
La "filtración" recordó a varios especialistas lo ocurrido tras el multihomicidio del 31 de julio de 2015 en la colonia Nar-varte, de la Ciudad de México. La procuraduría capitalina violó también la secrecía y la información privada de las víctimas, incluyendo la de cuatro mujeres asesinadas y el fotorreportero Rubén Espinosa Bece-rril, colaborador de Proceso, para orientar los crímenes a asuntos privados y no a las amenazas previas recibidas de parte de las autoridades de Veracruz, durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) destacó en un comunicado que "un asalto o allanamiento ilícito a un medio de comunicación sólo puede explicarse como un intento por obtener materiales informativos e intimidar el libre ejercicio de la libertad de...
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