La nueva fuerza actuará también como "migra"
| Autor | Mathieu Tourliere |
En su estado actual, la iniciativa de Ley General de la Guardia Nacional elaborada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal -a cargo de Julio Scherer Ibarra- repone la política migratoria en un enfoque de seguridad nacional, pues otorga atribuciones del INM al nuevo cuerpo de seguridad, que a su vez tiene un doble mando civil y militar.
Ello hace eco al polémico Plan Frontera Sur, el programa de contención migratoria diseñado por la Secretaría de Marina (Se-mar) que el gobierno de Enrique Peña Nieto lanzó en verano de 2014: a raíz de su implementación, el INM multiplicó las redadas antimigrantes en el sur del país, con el apoyo de los militares y de la extinta Policía Federal (PF). Durante el sexenio pasado, las autoridades deportaron a 699 mil 497 migrantes centroamericanos.
La nueva administración sigue el mismo camino: la iniciativa de ley entregada al Senado el jueves 11 plantea, de manera ambigua, que la Guardia Nacional podrá "ejercer, en el ámbito de su competencia, y en coordinación con el INM, las facultades que en materia migratoria prescribe la Ley de Migración".
Establece que la Guardia Nacional vigilará las "zonas fronterizas": estará presente, entre otros lugares, en "las garitas o puntos de revisión aduaneros" y en las carreteras, donde inspeccionará las "entradas y salidas de mercancías y personas", verificará que "los extranjeros residentes en territorio nacional cumplan con las obligaciones que establece la Ley de Migración", y apoyará el "aseguramiento" -la detención-de migrantes que realice el INM.
De acuerdo con la misma iniciativa, el cuerpo de seguridad tendrá la facultad de "resguardar dentro de las estaciones migratorias a los extranjeros que violen la Ley de Migración cuando el caso lo amerita a solicitud del propio INM". De entrar en vigor, este punto de la iniciativa -plasmado en la fracción 38 del artículo 11- convertiría de facto estas "estaciones migratorias" en centros penitenciarios.
Proceso preguntó al INM si el equipo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal consultó o elaboró la iniciativa con base en la opinión del instituto. Hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
La iniciativa, que será discutida y probablemente modificada en el Senado, se presentó en medio de una grave crisis migratoria en México, que se agudizó en meses recientes con la llegada de cientos de miles de centroamericanos en condiciones de precariedad extrema.
Esta situación quedó ilustrada en las estadísticas...
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